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Iniciado por dimasfernandito, Mayo 29, 2013, 10:12:28 am

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dimasfernandito

ACTOS UNILATERALES
CASOS "Australia c/ Francia" y "Nueva Zelanda c/ Francia" ( ensayos nucleares)

En 1973 Australia acude a la Corte Internacional de Justicia demandando a Francia, debido a ciertos ensayos atmofericos que este ultimo se encontraba realizando en el Océano Paífico.El gobierno de Australia solicita a la Corte que ordene la finalización de dichos ensayos, declarandolos "incompatibles con las normas aplicables de derecho internacional", ya que existian posibilidades de que su territorio fuera afectado por los desechos radiactivos. A fin de lograr la suspensión inmediata de dichas practicas, Australia solicita a la Corte que ordene "medidas provicionales". El demandante (Australia) funda la competencia de la Corte en el Acta General para el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales (Ginebra, 1928) y en el estatuto de la Corte.
Por su parte, el Gobierno de Francia sostiene que la Corte carece manifiestamente de competencia para el caso.
Tambien en 1973, la Corte se declara competente. Previo al fallo definitivo, decide hacer lugar a las medidas provisionales solicitadas, indicando que Francia deberá evitar todo ensayo nuclear que deposite desechos radiactivos en el territorio de Australia.
Durante 1974m el gobierno francés emite diersos comunicados comprometiendose a abandonar la realización de ensayos nucleares en la zona del Océano Pacífico.
La Corte sostuvo lo siguiente:
-Las declaraciones hechas mediante actos unilaterales, respecto a situaciones jurídicas o de hecho, pueden tener el efecto de crear relaciones jurídicas. La intención de obligarse ha de determinars mediante una interpretación del acto
-El carácter obligatorio del compromiso resulta de los términos del acto y se basa en la buena fe. Los estados tienen el derecho a exigir que se respete.
-Las controversias deben seguir existiendo al momento que la Corte adopta su decision.
- Cuando desaparece la controvercia, no hay objeto ni nada sobre fallar
-Una vez que la Corte ha concluido que un Estado ha adquirido un compromiso respecto a su comportamiento futuro, no le incumbe considerar la posibilidad de que no lo cumpla.
Finalmente la Corte establece que:
*Francia ha transmitido al mundo en general su intencion de terminar con los ensayos atmosféricos. Lo cual constituye un compromiso de su parte.
*Australia pretendia que Francia le asegurase la finalizacion de los ensayos; y Francia (por propia inciativa) realizo una serie  de declaraciones en ese sentido.
Por raziones expuestas, la Corte resuelve que la demanda no tiene objeto y que, por consiguiente, no esta obligada a fallar al respecto.

Nueva Zelanda- Francia.
En el mismo momento que en que Australia presentó la demanda ante la CIJ (mayo 1973) también lo hizo Nueva Zelanda. Tanto la petición del demandante, como la postura de Francia, las medidas provisionales y el fallo definitivo de la Corte son coincidentes en contenido y fecha. Por lo tanto, si bien la Corte dictó un fallo separado para cada uno de los casos, la solucion fue exactamente la misa para ambos.
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CASO DE LA ANGLO-IRANIAN OIL CO
El caso había sido sometido a la Corte por el Gobierno del Reino Unido el 26 de mayo de 1951, y el Gobierno de Irán había presentado una excepción basada en la falta de competencia de la Corte.
Por nueve votos contra cinco, la Corte de declaró incompetente.
El 5 de julio de 1951, la Corte había indicado medidas cautelares en este caso, en espera de su decisión definitiva, estipulando expresamente que no se prejuzgaba la cuestión de la competencia sobre el fondo. En su fallo, la Corte declaró que la providencia de 5 de julio de 1951 dejaba de tener vigencia y que cesaban al mismo tiempo las medidas previsionales.
En abril de 1933 se concretó un acuerdo entre el Gobierno de Irán y la Anglo-Iranian Oil Company. En 1951, en Irán se promulgaron leyes de nacionalización de la industria petrolera y se establecieron los procedimientos para  la aplicación de este principio.
Por eso, Reino Unido icoó un procedimiento ante la Corte, cuya competencia al respecto impugnó inmediatamente el Irán. Se constata que en el caso, la competencia depende de las declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte hechas por el Irán y el Reino Unido. Esas declaraciones contienen la condición de reciprocidad y, como la del Irán es de alcance más limitado.
Con arreglo a la Declaración  del Irán, la Corte sólo es competente cuando la controversia se refiera a la aplicación de un tratado o convención aceptado por ese país.
El Irán mantiene que, según el propio texto, la competencia se limita a los tratados posteriores a la Declaración. El Reino Unido mantiene, por el contrario, que también pueden considerarse los tratados anteriores.
La corte no puede basarse en una interpretación puramente gramatical: debe buscar la interpretación que se atenga al modo natural y razonable de leer el texto, teniendo en cuenta la intención del Irán en el momento en que formulo la declaración. En esa época, el Irán había denunciado todos los tratados con otros Estados relativos al régimen de capitulaciones, y no estaba seguro del efecto jurídico de esas denuncias unilaterales. En esas circunstancias, no es probable que estuviera dispuesto, a aceptar que se sometieran a un tribunal internacional las controversias relativas a todos esos tratados. La ley iraní por la que se aprobó la declaración, antes de que fuera ratificada, confirma de modo decisivo la intención del Irán,  ya que e ella se establece que los tratados y convenciones que hay que tener en cuenta son aquellos que "el Gobierno haya aceptado después de la ratificación".
Los tratados anteriores quedan así excluidos por la Declaración, y el Reino Unido no puede invocarlos.
Pero el Reino Unido alega que el acuerdo firmado en 1933 entre la compañía y el Irán tiene un doble carácter, es a la vez un contrato de concesión y un tratado entre los dos Estados. Según la Corte, no es ése el caso. El Reino Unido no es parte del contrato, que no crea ningún vinculo entre los dos Gobiernos ni regula las relaciones entre ellos.
En virtud de contrato, el Irán no puede invocar contra el Reino Unido ninguno de os derechos que puede invocar contra la compañía, ni se le puede reclamar que se cumpla respecto al Reino Unido ninguna de las obligaciones contraídas respecto a la compañía. Esa situación de derecho no se modifica por el hecho de que el contrato de concesión haya sido negociado y concretado gracias a los buenos oficios del Consejo de la Sociedad de las Naciones. El Reino Unido, al someter al Concejo de la Sociedad de las Naciones la controversia que le oponía al Irán, no hizo sino ejercer su derecho de protección diplomática a favor de uno de sus nacionales.
Por ello, la Corte concluye que carece de competencia para la controversia dispuesta.
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CASO RELATIVO A LA CONTROVERSIA FROTERIZA (BURKINA FASO CONTRA LA REPUBLICA DE MALI)
La Sala de la Corte dictó una providencia en la que indico por unanimidad medidas provisionales el 10 de enero de 1986, en las cuales, se destacan, que se retiraran sus fuerzas armadas, y el cese del fuego ya instituido en la región donde hay controversia.
Ya en el fallo, la Sala comienza por determinar mediante pruebas y principios, los limites fronterizos de las partes. Se tomó en cuenta el principio de intangibilidad de las fronteras heredadas de la colonización , que recuerda el principio establecida, aprobado en El Cairo, en 1964, en la cumbre de la OUA, donde los estados se comprometieron a respetar las fronteras existentes en el momento en que lograron la independencia nacional. También surge el principio de uti possidetis juris, donde su base es la soberanía. Su principal propósito es garantizar el respeto de los limites territoriales que existían en el momento en que se logró la independencia.
Una de sus cuestiones preliminares que la Sala dispone,  es la relativa a sus facultades en la fijación del trifinio que forma el punto mas oriental de la frontera entre las partes. Mali alega que Níger tiene que ser parte, pero Burkina Faso establece que la controversia es entre este estado y Mali. La Sala entiende que su principal objetivo es delimitar la línea fronteriza entre las partes.
Dentro de las pruebas aportas, innumerables mapas, pero constituyen simplemente información y nunca títulos territoriales por si solos. Son simplemente pruebas intrinsecas. Hay un mapa que tiene relevancia editado por el Institut géographique nacional (IGN), ya que se carece de pruebas, este mapa tiene fuerza probatoria importante.
La sala comienza por fijar el extremo occidental de la frontera ya establecido entre las partes por acuerdo. Donde se aceptan los parámetros del mapa editado por la IGN.
En el sector de las cuatro aldeas,  si llega  a la conclusión que se toma a la aldea y a la zona de labranza como un todo.
Sobre la laguna de Toussougou, las partes aportan pruebas que se contradicen mutuamente. Como pasa con sus lagunas cercanas. La Sala señala que, aunque no ha recibido mandato de las partes para elegir libremente una frontera apropiada, le corresponde la tarea de trazar una línea precisa, y para ello puede recurrir a la equidad Infra legem, La Sala concluye que la laguna debe dividirse en dos partes, de un modo equitativo de igual, entre los Estados.
La frontera, sigue los parámetros establecidos por el mapa editado por el IGN hasta las alturas de N´Gouma. Donde  un vado se una de parámetro.
La Sala fija la línea de la frontera entre las partes en la zona de litigio. Esa línea se reproduce con fines ilustrativos, en un mapa que es una recopilación de las cinco hijas del mapa del IGN.
La demarcación ha de efectuarse en el plazo de un año a partir de la fecha en que se dicte el fallo.
Y con respecto de las medidas provisionales de 10 de enero de 1986, dejan de estar vigentes a partir del momento en que se dicto el fallo.
La sala toma nota con satisfacción de la adhesión de ambas partes al proceso judicial internacional y al arreglo pacífico de controversias.
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CASO RELATIVO AL DERECHO DE ASILO.
El litigio fue relativo fue el asilo concedido el 3 de enero de 1949 por el embajador de Colombia en Lima al Dr. Victor Raúl Haya de la Torre, dirigente de un partido politico peruano, La alianza Popular Revolucionaria Americana. El 3 de octubre de 1948 estalló en Perú una rebelión militar y, Haya de la Torre fue perseguido como responsable de haberla instigado y dirigido. El embajador de Colombia lo califico de refugiado politico y solicito un salvoconducto para que pueda abandonar el país.
En su fallo, la Corte declaró que Colombia no tenía derecho a calificar unilateralmente y de modo obligatorio para el Perú la indole de delito. La Corte rechazó la teoría invocada por el Perú según la cual Haya de la Torre estaba acusado de delitos comunes: la Corte constató que la única acusación  contra Haya de la Torre era de rebelión militar y este no era un delito común. Fue por esta consideración que Haya de la Torre pidio asilo en la embajada de Colombia en Lima. Colombia como Estado que había reconocido el asilo, no ra competente para calificar la naturaleza del delito mediante una decisión unilateral y definitiva que obligara al Perú.
El Perú, por su parte, pidio a la corte que declarara que Haya de la Torre se le había concedido el asilo de violación de la Convención de La Habana, porque no estaba acusado de un derecho politico, sino de un delito de derecho común y que no existia en este caso la urgencia que, según la convencion de La Habana, es necesaria para justificar el asilo. Esta convención no podía establecer un régimen juridico que garatizara a los acusados de delitos politicos el privilegio de evadir su juridicción nacional. Esa concepción chocaría con una de las tradiciones mas antiguas de America Latina: la de la no intervención.
PETICION DE INTERPRETACION DEK FALLO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1950 EN EL CASO RELATIVO AL DERECHO DE ASILO. Por 12 votos contra 1, la Corte decidio que la petición era inadmisible.
Luego de varias malas interpretaciones de las solicitudes de las partes hacia La corte, el Gobierno del Perú mantuvo que la intervención era inadmisible por ser tardia y poruqe constituia mas bien un intento de recurso por parte de un tercer estado (Cuba) contra el fallo del 20 de noviembre. A ese respecto, la Corte recordó que toda intervención es un incidente procesal.
En cuanto a la entrega del refugiado a las autoridades peruanas, se trata de una cuestion nueva, sometida a la Corte sólo en la solicitud del 13 de diciembre de 1950 y que, por consiguiente no fue decidida en el fallo del 20 de noviembre. Para los delincuentes politicos se prevé  la concesión de un salvoconducto para que abandonen el país. Sin embargo, sólo puede exigirse un salvoconducto cuando el asilo se haya concedido o mantenido regularmente y cuando el Estado territorial exija que el refugiado abandone el país. Diferente sería la obligación de entregar a un acusado politico en caso de un asilo irregular. En cuanto al caso de Haya de la Torre, la Corte constató en su fallo el 20 de noviembre, que no se había demostrado que antes la concesión del asilo se lo hubiera acusado de delitos comunes y que el asilo no se había concedido conforme con la Convencion. Entonces, Colombia no está obligado a entregarlo a las autoridades peruanas.
La Corte llega, pues, a la conclusión de que el asilo debe cesar, pero Colombia no esta obligada a cumplir esa obligación mediante la entrega del refugiado. Esas dos proposiciones no son contradictorias, pues la entrega no es el único modo de poner fin al asilo.
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CASO RELATIVO AL DERECHO DE PASO POR TERRITORIO DE LA INDIA
El gobierno de Portugal pedía a la Corte que se le reconociera y declarase que Portugal era titular o beneficiario de un derecho de paso entre su territorio de Damao y los enclaves de Dadra y Nagar-Aveli. Por su parte, el gobierno de la India presento  seis excepciones preliminares, de las cuales la Corte decidió incorporar al fondo del asunto la quinta y la sexta excepción.  La quinta hace referencia, que según la cual quedaban excluidos de la jurisdicción de la Corte los litigios referentes a cuestiones que fueran exclusivamente de la competencia del gobierno de la India.
Lo cual la Corte señaló que la aclaración de esos hechos y de sus consecuencias jurídicas implicaría el examen de la práctica de las autoridades británica, indias y portuguesas. Y la sexta hace referencia que el gobierno de la India argumentaba, primero que el litigio presentado ante la Corte por Portugal no había surgido después de 1930, por lo que se la consideraba incompetente, y segundo, que constituía un litigio referente a situaciones y hechos anteriores a esa fecha. La corte señalo que continuación de la controversia surgida antes de 1930. Pero no tenía para fallar sobre esta cuestión.
FONDO DEL ASUNTO. La Corte llego a la conclusión de que los funcionarios civiles y las mercadería en general, había existido una práctica continua y uniforme que permitía el libre paso entre Daman y los enclaves. En vista de todas las circunstancias del caso, la Corte estaba convencida de que dicha practica se había aceptado como ley entre las partes y había dado lugar a un derecho y una correlativa .
Por lo que resta a las armas y municiones, el tratado de 1878 y las disposiciones dictadas conforme a la Indian Arms Act de 1878 prohibían la importación de armas, municiones o suministros militares procedentes de la  India Portuguesa, así como su exportación a la india Portuguesa sin permiso especial. La practica posterior indicaba que esa disposición se aplicaba al tránsito entre Daman y los enclaves
Tras estimar que Portugal tenía en 1954 un derecho de paso en relación con los particulares, los funcionarios civiles y las mercaderías en general, la Corte pasó a considerar finalmente si la India había actuado en contraria a la obligación que le correspondía como consecuencia del derecho de paso de Portugal en relación con cualquiera de esas categorías. Portugal no había sostenido que la India hubiese actuado de dicha obligación antes de julio de 1954, pero si que posteriormente, se había negado el paso a nacionales portugueses de origen europeo, a portugueses indios naturales del país al servicio del Gobierno portugués y a una delegación que el Gobernador de Daman proyectó enviar en julio de 1954 a Nagar-Aveli y Dadra. La Corte consideró que los acontecimientos ocurridos en Dadra los días 21 y 22 de julio de 1954, que habían  tenido por resultado el derrocamiento de la autoridad portuguesa en el enclave, habían originado una situación de tirantez en el distrito indio circundante; teniendo en cuenta esta situación, la Corte opinó que la negativa de la India se amparaba en su facultad de reglamentar y fiscalizar el derecho de paso de Portugal.
aguante tristan suare, los pibe, la esquina y la caja

estela masur

hola me podrias orientar como toma castillo argañaras y si tenes algunas posibles preguntas estoy cursando el curso de verano gracias