"FALLO Carrera, Fernando Ariel s/ causa n° 8398 CSJN"

Iniciado por Marcelo Olme, Julio 17, 2014, 05:05:00 pm

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Marcelo Olme

                                                                              Carrera, Fernando Ariel s/ causa n° 8398
                                                                                              CSJN, Fallos, 335:817
                                                                                       FALLO DE LA CORTE SUPREMA
                                                                                              C. 927. XLIV; RHE
                                                                                     Buenos Aires, 5 de Junio de 2012.


Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la defensa de Fernando Ariel Carrera en la causa Carrera, Fernando Ariel s/ causa n° 8398", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que la defensa técnica de Fernando Ariel Carrera interpuso recurso de queja ante la denegatoria, por parte de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, del recurso extraordinario que incoara contra la sentencia por la que se rechazó el recurso de casación oportunamente impetrado contra el pronunciamiento del Tribunal Oral en lo Criminal n° 14 de la Capital Federal que lo condenara a cumplir la pena de treinta años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego, en concurso real con los delitos de homicidio reiterado -tres hechos-, lesiones graves reiteradas -dos hechos-, lesiones leves reiteradas -dos hechos-, abuso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de guerra, estos últimos por los que debía responder como autor.


2°) Que de las constancias de la causa surge que el tribunal de juicio mencionado tu va por acreditado que:



"Hecho 2: Que el 25 de enero de 2005, aproximadamente a las 13:15 horas, luego de que Juan Alcides Ignes estacionara su automóvil particular frente al domicilio de un familiar ubicado en la calle Barros Pazos 5690 de esta ciudad, fue abordado por el compañero prófugo de Fernando Ariel Carrera -quien conducía el automóvil Peugeot 205 GLD color blanco con sus vidrios polarizados, cuyo dominio luego se estab1eció como BZY-308-, exhibiéndole un arma de fuego y forcejeando con éste, le exigió la entrega del dinero consistente en el importe en pesos equivalente a doscientos cincuenta dólares que había obtenido en una operación de cambio efectuada momentos antes en una institución bancaria de Morón. Ante la negativa inicial del damnificado, aquel sujeto efectuó un disparo hacia los adoquines del piso, mientras que Carrera se manifestaba en un sentido amenazante, manteniéndose en la conducción del Peugeot, a la par que exhibió otra arma de fuego, obteniendo así el dinero exigido, el que no fue recuperado, fugando del lugar. Hecho 3: Que el 25 de enero de 2005, inmediatamente después de las 13: 28: 3 7 horas, cuando Fernando Ariel Carrera conduciendo el vehículo Peugeot 205 GLD color blanco, con vidrios polar izados, dominio BZY-308, circulaba por la Avenida Sáenz, de contramano, a una velocidad estimada superior a 60 km, fugando de los móviles policiales de las Comisarías de las secciones 34 y 36, al alcanzar la senda peatonal próxima a la intersección de la Avenida Sáenz con Esquiú -donde se continúa al trasponer la avenida, bajo el nombre de Trafu1-, sitio en el que el semáforo es taba en rojo para el tránsito vehicu1ar, habilitando el cruce de los peatones, atropelló a cinco personas, tratándose las mismas del menor G. G. D. L., Edith E1izabeth Custodio y Fernanda Gabrie1 Silva, quienes atravesaban la avenida, acarreándo1es la muerte instantánea a los dos primeros y poco tiempo después a la ú1 tima y asimismo provocó lesiones a Verónica Rina1do, las que fueron calificadas como graves y a su hija J. L. F., de carácter leve. Metros más adelante, en la citada intersección, impactó finalmente contra el vehículo marca Renaul Kangoo dominio DQF-574 en el que viajaban Houyun He, quien sufrió lesiones de carácter grave y Min He, lesiones de carácter leve. Hecho 4: Que luego de la precitada colisión, Fernando Ariel Carrera efectuó no menos de cinco disparos en dirección al personal de la brigada de la Comisaría de la Sección 34 que 10 había alcanzado en la persecución, utilizando para ello un arma de fuego consistente en la pistola marca Taurus calibre 9 mm modelo PT-917 CS n° TKI 12. 581/CD, resistiéndose de este modo a su detención. Hecho 5: El haber tenido en su poder y sin autorización, en condiciones de ser disparada, la pistola marca Taurus calibre 9 mm modelo PT-917 CS n° TKI 12. 581/CD, con su cargador, con capacidad para diecisiete proyectiles, de los cuales sólo contenía siete al momento del secuestro".


3°) Que la Sala TII de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de su especialidad que fuera incoado por la defensa técnica del nombrado por entender, en lo sustancial, que la sentencia condenatoria dictada en su contra encontraba sustento en la prueba arrimada y constituía, a la vez, una derivación razonada del derecho aplicable.


En consecuencia, el tribunal a quo rechazó los agravios formulados por la defensa de Carrera por los que cuestionara la plataforma fáctica fijada en el fallo condenatorio. En efecto, en dicho recurso la defensa sostuvo, por un lado, la ajenidad de su asistido en el ilícito de robo cuya comisión se le endilgara y, por el otro, la falta de responsabilidad penal respecto de los ilícitos de homicidio y lesiones imputados alegando que éstos fueron material pero involuntariamente causados por éste como consecuencia de haber recibido un impacto de bala en el rostro por parte de las fuerzas policiales que le habrían disparado mientras se lo perseguía al haberlo confundido con el autor del mencionado hecho de robo. Asimismo, alegó que el arma secuestrada no fue usada ni portada por aquél y que el secuestro efectuado a su respecto habría sido fraguado por las mencionadas fuerzas policiales como forma de encubrir su ilegítimo actuar. Por último, el a quo también rechazó el agravio formulado en forma subsidiaria por la defensa del imputado en cuanto a que erróneamente se habrían subsumido las muertes y lesiones acaecidas bajo un encuadre típico doloso y no culposo.

4°) Que en la presentación federal el recurrente cuestiona que el Tribunal de Casación efectuara una revisión de la sentencia condenatoria conforme la doctrina establecida por esta Corte en el precedente "Casal" (Fallos: 328: 3399) y alega, asimismo, que el fallo presenta serios vicios de fundamentación por contener afirmaciones dogmáticas, por estar basado en prueba inexistente y por omitir valorar extremos conducentes para la correcta resolución de la causa.


5°) Que el recurso extraordinario interpuesto resulta formalmente procedente, ya que la sentencia impugnada reviste carácter de definitiva y pone fin al pleito. Además, proviene del tribunal superior de la causa, porque se impugna el pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal y suscita cuestión federal suficiente, toda vez que se debate la observancia otorgada al derecho del imputado a recurrir la sentencia condenatoria, consagrado por el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que forma parte de la Constitución Nacional, a partir de su inclusión en el artículo 75, inc. 22 de la Ley Fundamental, a la par que se denuncia violación a la garantía de defensa en juicio protegida en el artículo 18 de la Constitución Nacional por mediar arbitrariedad en lo resuelto. Finalmente, existe relación directa e inmediata entre los agravios constitucionales incoados y el pronunciamiento impugnado, y la decisión es contraria al derecho federal invocado por el recurrente.

En virtud de lo antedicho, el tratamiento resulta pertinente por la vía establecida en el artículo 14 de la ley 48.

6°) Que esta Corte entiende que asiste razón al recurrente en cuanto alega que el tribunal a quo no efectuó una revisión integral, exhaustiva y amplia del fallo condenatorio ya que, a la luz de las constancias de la causa, se corrobora que éste omitió analizar en forma debida los agravios formulados por aquél.

En efecto, el tribunal revisor no trató de modo suficiente y acabado los argumentos planteados por la defensa en el recurso incoado contra la condena con base en los elementos probatorios que expresamente individualizara, y por los que sostuviera que su asistido era ajeno al ilícito de robo por el que fuera condenado y que no era responsable por los demás ilícitos por los que recayera sentencia.

En particular, esta falta de tratamiento se advierte respecto de los agravios relativos al reconocimiento negativo de su asistido y del arma secuestrada por parte de los damnificados del robo y al cúmulo de declaraciones testimoniales que, desde la óptica de la defensa, controvertirían el modo en que se rechazó el descargo de Carrera al tenerse por probado tanto la existencia de sirenas durante la persecución policial y que éste condujo el vehículo con pleno control como también que disparó contra las fuerzas policiales y tuvo en su poder en forma efectiva el arma secuestrada.

Por lo que, en esta inteligencia y en línea con lo expresado, la presente causa guarda similitud con lo resuelto en el precedente "Casal" (Fallos: 328:3399, voto de los jueces Lorenzetti, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni), al que corresponde remitir en honor a la brevedad.
En consecuencia, el fallo recurrido carece de la debida fundamentación y, en tales condiciones, ha de acogerse favorablemente el recurso. Asimismo, atento el temperamento adoptado, deviene inoficioso pronunciarse respecto de los restantes agravios.

Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la resolución recurrida. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que por quien corresponda se dicte el nuevo fallo. Reintégrese el depósito, hágase saber, acumule se la queja al principal y remítase. RICARDO LUIS LORENZETYI. ― CARLOS S. FAYT. ― JUAN CARLOS MAQUEDA. ― ENRIQUE S. PETRACCHI (en disidencia). ― E. RAUL ZAFFARONI (según su voto).
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VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAÚL ZAFFARONI

Considerando:

1°) Que la Sala III de la Cámara de Casación Penal rechazó el recurso de casación interpuesto por el imputado, contra la sentencia del Tribunal Oral Criminal n° 14 que condenó a Fernando Ariel Carrera a la pena de treinta años de prisión, accesorias legales y costas, por considerar lo coautor del delito de robo agravado por el empleo de armas de fuego, en concurso real con homicidio reiterado -tres oportunidades-, lesiones graves reiteradas -dos oportunidades-, lesiones leves reiteradas dos oportunidades-, abuso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra.

2°) Que el Tribunal Oral, consideró probado: "Hecho 2: Que el día 25 de enero de 2005, aproximadamente a las 13,15 horas, luego de que Juan Alcides Ignes estacionara su automóvil particular frente al domicilio de un familiar ubicado en la calle Barros Pazos 5690 de esta ciudad, fue abordado por el compañero prófugo de Fernando Ariel Carrera -quien conducía el automóvil Peugeot 205 GLD color blanco con sus vidrios polarizados, cuyo dominio luego se estableció como BZY-308-, exhibiéndole un arma de fuego y forcejeando con éste, le exigió la entrega del dinero consistente en el importe en pesos equivalente a doscientos cincuenta dólares que había obtenido en una operación de cambio efectuada momentos antes en una institución bancaria de Morón. Ante la negativa inicial del damnificado, aquel sujeto efectuó un disparo hacia los adoquines del piso, mientras que Carrera se manifestaba en un sentido amenazante, manteniéndose en la conducción del Peugeot, a la par que exhibió otra arma de fuego, obteniendo así el dinero exigido, el que no fue recuperado, fugando del lugar. Hecho 3: Que el 25 de enero de 2005, inmediatamente después de las 13:28:37 horas, cuando Fernando Ariel Carrera conduciendo el vehículo Peugeot 205 GLD color blanco, con vidrios polarizados, dominio BZY-308, circulaba por la Avenida Sáenz, de contramano, a una velocidad estimada superior a 60 km, fugando de los móviles policiales de las Comisarías de las secciones 34 y 36, al alcanzar la senda peatonal próxima a la intersección de la Avenida Sáenz con Esquiú -donde se continúa al trasponer la avenida, bajo el nombre de Traful-, sitio en el que el semáforo estaba en rojo para el tránsito vehicular, habilitando el cruce de los peatones, atropelló a cinco personas, tratándose las mismas del menor Gastón Gabriel Di Lollo, Edi th Elizabeth Custodio y Fernanda Gabriela Silva, quienes atravesaban la avenida, acarreándoles la muerte instantánea a los dos primeros y poco tiempo después a la última y asimismo provocó lesiones a Verónica Rinaldo, las que fueron calificadas como graves y a su hija Julieta Lucía Ficocelli, de carácter leve. Metros más adelante, en la citada intersección, impactó finalmente contra el vehículo marca Reanult Kangoo dominio DQF-574 en el que viajaban Houyun He, quien sufrió lesiones de carácter grave y Min He, lesiones de carácter leve. Hecho 4: que luego de la precitada colisión, Fernando Ariel Carrera efectuó no menos de cinco disparos en dirección al personal de la Brigada de la Comisaría de la Sección 34 que lo había alcanzado en la persecución, utilizando para ello un arma de fuego consistente en la pistola marca Taurus calibre 9 mm modelo PT-917 CS n° TK1 12. 581/CD, resistiéndose de este modo a su detención. Hecho 5: el haber tenido en su poder y sin autorización, en Condiciones de ser disparada, la pistola marca Taurus calibre 9 mm modelo PT-917 CS n° TKI 12.581/CD, con su cargador, con capacidad para diecisiete proyectiles, de los cuales solo contenía siete al momento del secuestro".

3°) Que contra el rechazo del recurso de Casación, la defensa interpuso recurso extraordinario federal que, denegado, dio origen a la presentación directa.

4°) Que la defensa del imputado plantea como primer agravio la arbitrariedad de la resolución; ello así porque "... contradice abiertamente constancia de autos, contiene afirmaciones dogmáticas que constituyen un fundamento solo aparente, prescinde de prueba decisiva para la resolución del caso; invoca prueba inexistente y omite el tratamiento de cuestiones decisivas planteadas por la defensa".
Que como segundo agravio, alega la falta de revisión suficiente de la sentencia condenatoria, afirmando que "... pone de relieve que la resolución dictada por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal no importa el máximo esfuerzo revisor exigido a dicho tribunal..." incumpliendo de ese modo con la doctrina emanada de esta Corte en el precedente "Casal, Matías Eugenio" (Fallos: 328:3399); fallo que recepta la garantía establecida en el artículo 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada a nuestra Constitución Nacional.
En síntesis, la defensa manifiesta que la arbitrariedad constituye materia federal suficiente, ya que la fundamentación aparente del fallo de casación operó violentando, además del derecho de defensa y del debido proceso, la presunción de inocencia garantizada por nuestra Constitución Nacional, ya que convalida una condena que se fundó en idénticos vicios.

Por último, alega gravedad institucional, ya que considera que ha venido denunciando violencia institucional para con su pupilo a lo largo del proceso, y que casos como el presente, obligan a los órganos jurisdiccionales a prestar especial atención a las diferentes etapas del proceso (en especial la etapa de instrucción) para controlar debidamente el accionar de las "agencias de criminalización cuando instruyen actuaciones donde ellas mismas se encuentran involucradas".

5°) Que existe cuestión federal en razón de que se ha puesto en tela de juicio el alcance de los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, razón por la cual corresponde habilitar la instancia extraordinaria.

6°) Que el caso en examen presenta características muy particulares tanto en razón de sus gravísimas consecuencias que, necesariamente, impactan emocionalmente, como por el confuso cuadro probatorio y de la situación misma en que se ha producido el hecho, razones por las cuales se hace necesario extremar los recaudos para una aplicación estricta de las reglas del método histórico señaladas en "Casal", con el objeto de disipar las dudas que crea siempre una situación altamente lesiva pero confusa y poco explicable conforme al curso usual de los acontecimientos, tanto en la práctica policial como criminal.

7°) Que las etapas de crítica externa e interna no han agotado todas las posibilidades lógicas en cuanto a la valoración de algunas pruebas como en la incompleta valoración de otras, lo que haría procedente el recurso extraordinario en orden a arbitrariedad, con la consecuente vulneración de la garantía constitucional de completa revisión del fallo condenatorio.

8°) Que en lo referente al nivel de consciencia del imputado en el comienzo de la sucesión de acontecimientos que configuran los hechos 3 y 4, el voto que lidera el acuerdo y al que adhieren los otros dos jueces, avala la versión acusatoria sin tornar en cuenta toda la prueba producida y confrontada con los peritajes médicos, dado que plantea una opción rotunda entre inconsciencia total y consciencia plena, que prima facie al menos no pareciera estar avalada por los peritajes.

9°) Que si bien éstos disienten no se intenta compatibilizarlos en alguna medida, lo que podría llevar a conclusiones diferentes. Dado que lo que interesa a efectos de la adecuada reconstrucción histórica es el hecho mismo y no el estado del sujeto tiempo después, la lucidez del imputado al momento de ser asistido en un establecimiento hospitalario no parece constituir un elemento de juicio definitorio y avalar la completa lucidez del sujeto al tiempo en que interesa establecerla.

10) Que en definitiva lo que correspondería evaluar es si el impacto recibido por el imputado le ha afectado su consciencia en forma que le haya perturbado gravemente su sensopercepción y en particular su juicio crítico, su atención y su fijación. No pareciera ser necesario a efectos de evaluar la situación que el sujeto haya llegado a un estado de inconsciencia o sea, de incapacidad de conducta, sino determinar si podía evaluar adecuadamente la situación objetiva en que se hallaba, aunque conservase cierto grado de contacto con la realidad.

11) Que en todo comportamiento que no parece normal, es menester reflexionar, al evaluar el posible grado de perturbación de la consciencia, que en la conducta incide también el miedo, que puede alcanzar los extremos del terror ante la muerte si lo potencia una herida, por superficial que fuese. Se trata de interrogantes ineludibles en situaciones que pueden determinar trastornos transitorios.

12) Que la sentencia reproduce idéntico razonamiento al fijar de manera detallada el sentido y la autoría de los disparos que impactaron al vehículo del imputado, dado que tampoco a ese efecto referencia las diferentes peritaciones practicadas, dado que éstas parecen plantear más de una hipótesis respecto de los impactos identificados como 12, 14 Y 15.

13) Que no puede dejar de merituarse que llama poderosamente la atención el alto número de disparos que impactaron al vehículo del imputado. Cabe profundizar la consideración de la posibilidad de que haya habido aún más disparos que no diesen en éste, lo que elevaría notoriamente el número, siendo una conducta que policialmente no es usual, en particular tratándose de un episodio que tiene lugar en una avenida transitada por vehículos y personas.

14) Que tampoco es usual que si el imputado se había liberado de su compinche y con él de la prueba del anterior delito, pues el dinero no ha aparecido, se hubiese quedado con un arma en el vehículo, que sería prueba del primer delito, sin la cual no hubiese tenido necesidad alguna de emprender una huida en cuyo curso es claro que complicaba su situación en extremo y ponía en peligro su propia vida, al punto que pareciera que sobrevivió casi milagrosamente. Cabe reflexionar por lo menos acerca de la razón por la que el imputado pudo querer quedarse con una posible prueba de su eventual primer delito o por lo menos con una prueba de un delito de portación de arma, cuando podía librarse de ella con el simple expediente de que se la llevase su compinche, como se dice que habría hecho con el dinero.

15) Que en atención a lo anterior, por lo menos al número de disparos y a la conducta del imputado, comportamientos ambos que parecen alejarse de lo que cabe esperar tanto de las conductas policial como criminal, debe profundizarse el análisis, dado que por regla es menester detenerse en todo comportamiento que en primera impresión no se adecua a la relación de medio a fin en la forma corriente y generalizada, puesto que no cabe presumir que sin razón alguna ni la policía actúe de modo muy policial ni un delincuente lo haga en forma poco criminal.

16) Que se considera que la versión del procesado se halla desvirtuada por la intervención del fiscal y del juez, cuando en realidad ésta parece haber sido muy posterior al hecho, o sea, que al respecto la valoración probatoria no parece procedente.

17) Que, respecto del hecho denominado n° 2, el robo con armas perpetrado contra Ignes, en la sentencia casatoria se le resta importancia a la descripción del auto (Fiat Palio color blanco), que resulta ser de una marca diferente a la del imputado, y se omite analizar el hecho de que ni el arma, ni el imputado fueron reconocidos por los damnificados y el único dato aportado (las gorras que utilizaban) tampoco pudieron ser reconocidas por haberse extraviado en la sede policial donde se guardaron.

18) Que, en tales condiciones y en relación a los agravios mencionados precedentemente la sentencia de casación resulta arbitraria, y no se ajusta a los estándares impuestos por esta Corte a partir del fallo "Casal", y denota que no se ha llevado a cabo el máximo esfuerzo por garantizar la revisión del fallo condenatorio.

Por todo ello y oído el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada con el alcance que resulta del presente. Agréguese la queja al principal y devuélvase al tribunal de origen para que por otra sala se dicte una nueva sentencia ajustada. Reintégrese el depósito, hágase saber y remítase
E. RAUL ZAFFARONI
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DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI

Considerando:
Que el recurso extraordinario, cuya denegación motivó la presente queja, es inadmisible (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por ello, se desestima la queja. Declárese perdido el depósito de fs. 2. Hágase saber y archívese.
ENRIQUE S. PETRACCHI