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Mensajes - Silvy_MJ

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Exámenes / 1er Parcial. Laboral Cat. Frem 2019
Abril 30, 2019, 08:22:13 am
1.- Principio de primacía de la realidad.
2.- Principio protectorio
3.- Carga horaria máxima del contrato de pasantia.
4.- Carga Máxima del contrato de aprendizaje.
5.- Concepto jurídico del contrato de aprendizaje.
6.- Recidiva de la enfermedad crónica.
7.- Beneficios sociales. 3 ejemplos enumerados en el Art. 103 bis L.C.T.
8.- Extinción del contrato de trabajo por el Art. 241 L.C.T.
9.- Plazo de reaparición de la enfermedad crónica.
10.- Caso práctico: una señora se acerca a su futuro estudio jurídico y le realiza la siguiente consulta: su esposo falleció estando de vacaciones, sin culpa ni intervención de la empresa para la cual trabaja. Ella quiere saber si le corresponde algún tipo de indemnización. ¿Que le contestaría? Indique si le corresponde y, de corresponderle, practique la liquidación y los cálculos.
11.- Caso práctico de liquidación por despido:
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Exámenes / Re:1er pacial Ghersi. 2do cuatrimestre 2018
Octubre 30, 2018, 06:35:57 pm
En qué comision? A nosotros nos tomaro:
1.- Definicion de contratos del CCC.
2.- Contratos segun su estructura (De adhesión o Paritarios).
3.- Modos de extinción.
4. Vicios Redhibitorios.
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Apuntes / Coprec Cat. Efron
Abril 02, 2018, 08:37:20 am
Ley 26.993
Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo
Con la sanción de la Ley 26.993, nace el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo o Coprec, el cual obligatoriamente interviene en los reclamos de derechos individuales de consumidores y usuarios, cuyo monto no exceda los 55 salarios mínimos, vitales y móviles.
Las Relaciones de consumo son el vínculo jurídico que crea derechos y obligaciones entre el proveedor y el consumidor por la adquisición de bienes y servicios, ya sea de forma gratuita o pagando por ello.
El COPREC es la etapa previa y obligatoria al reclamo ante la Auditoria en las Relaciones de Consumo o, en su caso, antes de la demanda judicial ante la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo.
El procedimiento ante el Coprec será gratuito para el consumidor o usuario.
Conciliadores
Los conciliadores deberán cumplir con los siguientes requisitos:
   Estar inscriptos en el Registro de Mediadores.
   Acreditar capacitación.
   Superar una instancia final de evaluación ante la autoridad de aplicación.
   Cumplir con las demás exigencias que se establezcan reglamentariamente.
Procedimiento
El procedimiento se regirá por las reglas y condiciones previstas por esta ley.
La competencia será determinada por:
   El lugar de consumo o de uso.
   El lugar de celebración del contrato.
   El domicilio del proveedor o prestador.
   El domicilio de la citada en garantía (seguro).
   A elección del consumidor o usuario.
El consumidor o usuario debe formalizar el reclamo ante el Coprec sintetizando su petición en un formulario. Luego, la autoridad a cargo evaluará si el reclamo cumple con los requisitos de admisibilidad.
La interposición del reclamo interrumpirá la prescripción de las acciones judiciales y las administrativas.
El consumidor o usuario no podrá iniciar un nuevo reclamo cuyo objeto sea idéntico al de otro reclamo que haya iniciado con anterioridad y que se encuentre pendiente de resolución, o que haya concluido con o sin acuerdo o por incomparecencia injustificada del proveedor o prestador.
El procedimiento de conciliación tendrá un plazo de duración máximo de 30 días, prorrogables por 15 días, a requerimiento de las partes ante el conciliador.
Admitido el reclamo por el Coprec, la designación del conciliador puede realizarse:
   Sorteo: entre los inscriptos en el Registro Nacional de Conciliadores.
   Por acuerdo entre las partes: por medio de un convenio escrito.
   Por propuesta del consumidor, usuario o prestador.
El COPREC tiene 3 días para designar conciliador, contados desde la presentación del reclamo.
El conciliador designado citará a audiencia al consumidor o usuario y al proveedor o prestador, la que deberá celebrarse dentro del plazo de 10 días contados desde la fecha de designación de aquél. A tal efecto, el consumidor o usuario podrá optar por consignar una dirección de correo electrónico al momento de formalizar el reclamo, en la cual se le notificará en 3 oportunidades la fecha de la audiencia.
En las conciliaciones, las partes podrán contar con asistencia letrada. El consumidor o usuario podrá contar con la asistencia de representantes de una asociación de consumidores y usuarios del Ministerio Público de la Defensa o de otros organismos estatales de defensa del consumidor o de servicios de patrocinio jurídico gratuito públicos o privados. La autoridad de aplicación dispondrá de un servicio de patrocinio jurídico gratuito destinado a la asistencia de los consumidores o usuarios que lo soliciten y cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
 Audiencia
Las partes deberán concurrir a las audiencias en forma personal, las que se llevarán a cabo en el domicilio constituido por el conciliador ante el Registro. Las personas de existencia ideal representadas por sus representantes legales o mandatarios con facultades suficientes para acordar transacciones.
Si en ausencia de la persona física afectada por el impedimento se arriba a un acuerdo conciliatorio, la ratificación personal de aquélla ante el Conciliador dentro de los 5 días siguientes constituirá un requisito que deberá cumplirse previamente al trámite de homologación. En caso contrario, se considerará fracasado el procedimiento y el conciliador extenderá un acta en la que hará constar su resultado.
Las audiencias serán confidenciales salvo acuerdo de partes en contrario.
Homologación
Si se llega a un acuerdo, en un plazo de 5 días se lo someterá a la homologación de la autoridad de aplicación, la que será otorgada siempre que se entienda que el acuerdo implique una justa composición del derecho y los intereses de las partes.
Es un requisito indispensable para la homologación del acuerdo, que el mismo establezca un plazo para su cumplimiento.
La autoridad de aplicación emitirá resolución fundada mediante la cual homologará o rechazará el acuerdo conciliatorio, dentro del plazo de 3 días contados a partir de su elevación.
La autoridad de aplicación, dentro de los 3 días, podrá formular observaciones al acuerdo; en tal caso, devolverá las actuaciones al Conciliador para que, en un plazo no mayor a 10 días, intente lograr un nuevo acuerdo que contenga las observaciones señaladas. Este plazo podrá ser prorrogado a solicitud del Conciliador interviniente, por motivos fundados.
El proveedor o prestador debidamente citado que no compareciera a una audiencia, tendrá un plazo de 5 días hábiles con posterioridad a la misma para justificar su incomparecencia ante el Conciliador. Si la inasistencia no fuera justificada, se dará por concluida la conciliación y el Conciliador dispondrá la aplicación de una multa equivalente a 1 salario mínimo, vital y móvil y emitirá la certificación de su imposición, la que deberá ser presentada al Coprec junto con el acta labrada y el instrumento en el que conste la notificación.
Si la incomparecencia fuera debidamente justificada, el conciliador deberá convocar a una nueva audiencia la que se celebrará dentro del plazo de 10 días a contar desde la fecha de la justificación aludida. Si el proveedor o prestador no compareciera a la segunda audiencia, se dará por concluida la conciliación.
Si la incomparecencia injustificada fuera la del consumidor o usuario debidamente notificado, el conciliador dará por concluido el trámite conciliatorio. En tal caso, el consumidor o usuario podrá iniciar nuevamente su trámite de reclamo ante el Coprec.
Si el proceso de conciliación concluye sin acuerdo de partes, el conciliador labrará un acta que deberá suscribir junto a todos los comparecientes, en la que se hará constar el resultado del procedimiento, y de la que deberá remitir una copia a la autoridad de aplicación en el término de 2 días.
El consumidor o usuario quedará habilitado para reclamar ante la Auditoría en las Relaciones de Consumo o, en su caso, demandar ante la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo.
Los acuerdos celebrados en el Coprec y homologados por la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, serán ejecutables ante la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo, de conformidad con el artículo 500, inc. 1 C.P.C.C.N.
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Apuntes / Resumen ley 13.133
Abril 02, 2018, 08:36:08 am
Ley 13.133
Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios
Objeto
Esta ley tiene por objeto establecer las reglas de las políticas públicas y los mecanismos administrativos y judiciales para la efectiva implementación en el ámbito provincial de:
   Los derechos de los consumidores y usuarios reconocidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de Bs. As.
   Las normas de protección consagradas en la Ley de Defensa del Consumidor.
Procedimiento
Las pretensiones judiciales en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios derivadas de las relaciones de consumo tramitarán por el proceso sumarísimo previsto en el C.P.C.C. Pcia. De Bs. As., excepto que, a pedido de parte, el juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más eficaz.
Audiencia
En oportunidad de la audiencia de prueba, el juez intentará con carácter previo una conciliación entre las partes. Cuando las acciones judiciales hayan sido promovidas en razón de derechos de incidencia colectiva de los consumidores o usuarios, los acuerdos conciliatorios beneficiaran a todos los consumidores y usuarios afectados o amenazados por el mismo hecho que motivó el litigio, quienes podrán por vía incidental en el mismo proceso, acreditar la legitimación, su perjuicio, ejecutar la sentencia homologatoria, y en su caso, liquidar los daños. A tal efecto, el acuerdo deberá ser publicado a través del medio de comunicación que el juez considere más conducente.
Si quien participó del proceso no suscribiere el acuerdo por no considerarlo beneficioso, puede continuar; o iniciar por vía incidental, el reclamo del que se considere titular, sin perjuicio de la validez de aquel celebrado con relación a quienes lo concluyeron o que por vía incidental pretendan su admisión.
Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios, individual o colectivamente, de conformidad con las normas de defensa dl consumidor, estarán exentos del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica. El juez al dictar sentencia impondrá las costas evaluando la proporcionalidad del monto de la pretensión y los costos del proceso con la capacidad económica de las partes.
Legitimación
Cuando los consumidores y usuarios resulten amenazados o afectados en sus derechos subjetivos, de incidencia colectiva o intereses legítimos, se encuentran legitimados para interponer las acciones correspondientes:
   Los consumidores y usuarios en forma individual o colectiva.
   Las Asociaciones de Consumidores debidamente registradas en la Pcia. de Bs.As.
   Lo Municipios a través de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor.
El Ministerio Público actuará obligatoriamente como fiscal de la ley. Cuando las acciones judiciales hayan sido promovidas en razón de derechos de incidencia colectiva de los consumidores o usuarios las renuncias o desistimientos efectuados por uno de sus miembros no vinculará a los restantes litisconsortes.
De las formas de aplicación
Las actuaciones pueden iniciarse de oficio o por denuncia del consumidor o usuario.
Iniciación de Oficio
Cuando el sumario se inicie de oficio, si corresponde, se destinarán agentes inspectores que procederán a la constatación de la infracción labrándose acta.
El acta se labrará por triplicado, prenumerada y contendrá los siguientes requisitos:
   Lugar, fecha y hora de la inspección.
   Individualización de la persona cuya actividad es objeto de inspección, D.N.I y demás circunstancias.
   Domicilio comercial y ramo o actividad.
   Domicilio real o social de la persona.
   Nombre y apellido d la persona con quien se entienda la diligencia, carácter que reviste, identificación y domicilio real.
   Determinación clara y precisa del hecho o hechos constitutivos de la infracción y de la disposición legal presuntamente violada.
   Datos de los testigos que presenciaron la diligencia y, de no contar con ninguno, expresa constancia de ello.
   Fecha y hora en que culminó la diligencia.
   Firma y aclaración del inspector y de los demás intervinientes.
Una vez labrada el acta, se invitará al responsable a dejar constancia del hecho motivo de la presunta infracción y la existencia de testigos y sus dichos. En caso de no hacer uso de tal facultad, deberá dejarse expresa constancia en el acta. La misma será firmada por el inspector actuante y por el responsable o persona con quien se entiende la diligencia. En caso de negativa de este último, se dejará constancia siendo suficiente la firma del personal actuante en la diligencia.
El acta labrada hará plena fe en tanto no resulte enervada por otros elementos de juicio.
En el mismo acto se notificará al responsable, factor o encargado, quienes dentro de los 5 días hábiles podrá presentar su descargo y ofrecer pruebas que hagan a su derecho ante el organismo interviniente, debiendo acreditar personería y constituir domicilio en el municipio.
Si fuere necesaria una comprobación técnica posterior a los efectos de la determinación de la presunta infracción, y que resulte positiva, se procederá a notificar al presunto responsable la infracción verificada, intimándolo para que en el plazo de 5 días presente el descargo por escrito.
El acta será remitida dentro del término de 24 horas para la prosecución del procedimiento. Su incumplimiento será considerado falta grave.
Iniciación por denuncia
La iniciación del sumario por denuncia puede formalizarse por escrito o verbalmente. En ambos casos se acompañarán las pruebas y se dejará constancia de los datos de identidad y el domicilio real.
Recepcionada la denuncia, se abre la instancia conciliatoria a cuyos fines se designará audiencia. La notificación de la misma se hará por escrito.
Con la comparecencia de las partes se celebrará audiencia de conciliación, labrándose acta. El acuerdo será rubricado por los intervinientes y homologado. El acuerdo homologado suspenderá el procedimiento en cualquier momento del sumario hasta la oportunidad del cierre de la instancia conciliatoria.
Si no hay acuerdo, o notificada la audiencia el denunciado no compareciere sin causa justificada, se formulará auto de imputación, el cual contendrá una relación sucinta de los hechos y la determinación de la norma legal infringida. Notificado1 el mismo y efectuado el descargo pertinente, en este estado se elevarán las actuaciones al funcionario Municipal competente, quien resolverá la sanción aplicable.
La incomparecencia injustificada a la audiencia de la conciliación y/o el incumplimiento de los acuerdos homologados se considera violación de la Ley 24,240 y de esta ley.
Cuando las denuncias hayan sido promovidas en razón de derechos de incidencia colectiva de los consumidores o usuarios, los acuerdos conciliatorios debidamente homologados obligarán respecto a todos los consumidores y usuarios afectados por el mismo hecho que motivó el litigio.
A tal efecto, el acuerdo deberá ser publicado a costa del denunciado, a través del medio de comunicación más conducente.
El auto de imputación será notificado al infractor, a fin de que en el término de 5 días hábiles e improrrogables presente por escrito su descargo, y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho.
Procedimiento común
En el escrito de descargo o en su primera presentación, el presunto infractor deberá constituir domicilio dentro del municipio y acreditar personería. Cuando no acredite personería se le intimará para que en término de 5 días hábiles subsane la omisión bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
Podrá ofrecer la prueba que haga a su derecho, proponiendo en tal caso los peritos a su costa.
Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba, sólo se concederá el recurso de reconsideración.
La prueba deberá producirse dentro del término de 10 días hábiles prorrogables por causa justificada. Se tendrán por desistidas las pruebas no producidas dentro de dicho plazo por motivo atribuible al presunto infractor.
La prueba documental se acompañará con el escrito de descargo.
Si procede la prueba testimonial, solo se admitirán hasta 3 testigos con la individualización de sus nombres, profesión u ocupación y domicilio, debiéndose adjuntar el interrogatorio. Se fijará la audiencia dentro de los 10 días hábiles. Se hará saber día, hora y que la comparencia del testigo corre por cuenta exclusiva del presunto infractor, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido.
La prueba pericial se admitirá cuando sea necesario contar con el dictamen de un experto para dilucidar hechos controvertidos en cuestiones que sean materia propia de cada ciencia, arte y/o profesión, a los efectos de contar con un dictamen técnico científico. El presunto infractor deberá proponer a su costa el perito y los puntos de la pericia. El municipio podrá disponer un segundo perito quien se expedirá por separado y/o requerir opinión del área técnica competente sea municipal, provincial, nacional o instituciones públicas o privadas. El plazo de producción lo será dentro del general de la prueba.
Producida la prueba y concluidas las diligencias sumariales se procederá al cierre de la instancia conciliatoria, quedando as actuaciones en condiciones de ser resueltas.
De la resolución y su cumplimiento
La resolución definitiva debe ajustarse a la Ley 24.240. Será dictada dentro del plazo de 20 días hábiles. En ella también se evaluará la existencia o no de antecedentes en el Registro de Infractores.
Consentida o ejecutoriada la resolución administrativa, se procederá al cumplimiento de las sanciones previstas en esta Ley.
Se intimará al infractor a formalizar mediante boleta de depósito el pago de los gastos de publicidad que arancele el periódico del lugar del hecho, a los fines de dar publicidad a la condena, transcribiéndose la parte resolutiva y su situación de firmeza adquirida.
Si la sanción fuera apercibimiento, se dará por cumplida con su formal notificación al infractor.
Si se tratare de multa, se intimará al infractor para que abone su importe y acredite su pago en el término de diez (10) días hábiles, debiendo acreditarse el depósito mediante las boletas respectivas, sin cuyo requisito el crédito no se tendrá por cancelado.
La falta de pago hará exigible el cobro mediante ejecución fiscal por vía de apremio, siendo título suficiente el testimonio de la resolución condenatoria firme.
Si la condena fuere el decomiso de la mercadería y/o producto de la infracción, el Municipio lo hará efectivo bajo constancia en acta, relevándose al depositario de sus obligaciones en el mismo acto de efectivizarse el traslado.
Las mercaderías o productos decomisados, serán incorporados al patrimonio de establecimientos del área de la salud, minoridad, educacionales o entidades de bien público, según lo aconsejen las circunstancias. Si no fuere posible el destino señalado, se procederá a su destrucción bajo constancia en acta y en presencia de 2 testigos.
Si la sanción aplicada fuere la clausura del establecimiento o la suspensión del servicio afectado por un plazo determinado, la misma será efectivizada por personal de inspección especialmente destinado al efecto, labrándose el acta correspondiente.
Si la sanción fuere de suspensión temporal en los Registros de Proveedores del Estado, se procederá a comunicar a la Contaduría General de la Provincia y/o a las Direcciones que se ocupen de las contrataciones y licitaciones públicas o contrataciones directas, para la debida anotación de la sanción. Igual temperamento se seguirá respecto de los Municipios, con intervención del Organismo competente.
Si la sanción fuere de pérdida de concesiones, regímenes impositivos o crediticios especiales que gozare el infractor, se cursará nota de estilo al Organismo correspondiente para que proceda a aplicar la medida adoptada e informar acerca de la misma dentro del plazo de 10 días, bajo apercibimiento de que su omisión será considerada falta grave.
Las decisiones tomadas por el Organismo correspondiente agotarán la vía administrativa. La acción judicial para impugnar esas decisiones deberá iniciarse ante la misma autoridad que dictó el acto, dentro de los 20 días hábiles de notificada. Dentro de los 10 días de recibida la demanda el Organismo remitirá la misma junto con el expediente administrativo al Juzgado de Primera Instancia Contencioso Administrativo competente.
En todos los casos, para interponer la acción judicial contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de ésta a la orden de la autoridad que la dispuso, y presentar el comprobante del depósito junto con el escrito de demanda sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento de la misma pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al impugnante.
El proceso judicial respectivo tramitará por el proceso sumario de ilegitimidad del Código Procesal Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, a menos que a solicitud de parte del Juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más eficaz.

Los Municipios
Los municipios serán los encargados de aplicar los procedimientos y las sanciones previstas por esta ley, con respecto a las infracciones que se cometan dentro de su territorio.
Le Corresponde a los Municipios:
   Implementar el funcionamiento de un organismo o estructura administrativa que se encargará de ejecutar las funciones emergentes de esta ley.
   Instrumentar la estructura correspondiente a la instancia del procedimiento y a la etapa resolutiva, cada una de las cuales tendrá un funcionario competente a cargo.
   Capacitar a su personal y cuerpo de inspectores.
   Confeccionar estadísticas anuales que comprendan las resoluciones condenatorias contra proveedores de productos y servicios; los casos de negativa a celebrar acuerdos conciliatorios, y los incumplimientos de los acuerdos celebrados; las cuales deberán ser divulgadas y elevadas a la Autoridad de Aplicación.
   Facilitar la tarea del Organismo Municipal encargado de la aplicación de las funciones y atribuciones acordadas por esta ley, creando tantas oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) como se considere necesario.

Funciones de las OMIC

   Prestar asesoramiento y evacuar consultas a los consumidores y usuarios.
   Brindar información, orientación y educación al consumidor.
   Fomentar y facilitar la creación y actuación de asociaciones locales de consumidores.
   Efectuar controles sobre productos y servicios y elevar las actuaciones al organismo municipal de aplicación para la sustanciación del procedimiento pertinente.
   Recibir denuncias de los consumidores y usuarios.
   Fijar y celebrar conciliaciones entre el denunciante y la empresa denunciada.
   Elevar las actuaciones al organismo municipal de aplicación en el caso que fracase la conciliación o para su homologación.
   Propiciar y aconsejar la creación de normativa protectiva de los consumidores en el ámbito de competencia municipal teniendo en cuenta la problemática local o regional.
   Colaborar con el Gobierno Municipal en la difusión de las campañas de educación y orientación al consumidor.
   Asistir al organismo municipal en todo lo que esté a su alcance.
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Apuntes / Competencia Cat. Efron
Marzo 29, 2018, 11:07:05 pm
Competencia

Artículos 3 al 6 Ley 19.549
Artículos 5 y 6 Decreto 1759/72

La Competencia es el conjunto de facultades, atribuciones, funciones y deberes que la Constitución Nacional, leyes o reglamentos les asignan a cada órgano, y que estos deben ejercer obligatoriamente.
Esta potestad atribuida a cada órgano, surge ante la imposibilidad de que todas las funciones las realice un solo órgano, ganando más rapidez y eficacia, delimitando y regulando las relaciones entre órganos.

Características de la competencia de los órganos administrativos

   Surge de una norma: la cual determinará los alcances de dicha competencia. Es imposible modificarla por un contrato.
   Irrenunciable: como pertenece al órgano y no a las personas físicas que lo integran, ellas no pueden renunciarla.
   Obligatoria: el órgano tiene que cumplir con la actividad que se le atribuye a través de su competencia.
   Improrrogable: no puede transferirse la actividad encomendada, debe hacerla el órgano competente, salvo excepciones.
   De orden público: esta competencia o puede ser alterada ni modificada por los individuos, es decir, no está bajo el imperio de la autonomía de la voluntad personal.

Clasificación de la competencia

1) Según la materia: las atribuciones se distribuyen según temas específicos, según la naturaleza del acto.
Hay incompetencia en razón de la materia cuando:

   El órgano administrativo realiza un acto que corresponde al órgano Judicial (Resolver un litigio entre partes con carácter definitivo) o Legislativo (dar una concesión sin una ley que la autorice).
   Cuando una autoridad administrativa, dentro de una misma esfera, realiza un acto que es competencia de otra autoridad también administrativa.

2) Según el lugar: las atribuciones se distribuyen por territorio.

3) Según el tiempo: las atribuciones se distribuyen según el período que duran. Generalmente la competencia es permanente (el órgano puede ejercer en cualquier momento las atribuciones que le dieron), en otro caso la competencia puede ser temporaria (el órgano ejerce la atribución solo por un tiempo determinado).
4) Según el grado: el grado es la posición que ocupa una autoridad dentro de una organización de tipo jerárquico. Es decir, que las atribuciones se distribuyen según la jerarquía.
Las autoridades de la administración forman una pirámide, en cuya punta se encuentra la autoridad de máxima jerarquía; y luego, en forma escalonada, van bajando de rango las demás autoridades hasta llegar a la base.
La competencia en razón del grado puede ser:

   Centralizada: cuando se le da exclusivamente a los órganos superiores o centrales de un ente.
   Descentralizada: cuando la competencia se le da a un nuevo ente separado de la administración central con personalidad jurídica propia e integrado por órganos propios.
   Desconcentrada: cuando dentro del mismo ente se dan porciones de competencia a órganos inferiores.

Excepciones a la improrrogabilidad

Existen excepciones a la improrrogabilidad, basadas en la celeridad y eficacia que necesita la actividad administrativa:

a) Delegación: es el acto del cual un órgano superior le transfiere a uno inferior o de igual jerarquía, su competencia para realizar determinada actividad. La delegación siempre debe estar autorizada por una norma, la cual debe expresamente decir cuáles son las atribuciones que se delegan.

b) Avocación: es cuando el órgano superior toma una cuestión en donde es competente un órgano inferior.
La avocación tiene un límite: sólo procede en la administración donde rige el principio de jerarquía y siempre que una norma no disponga lo contrario, o que la avocación sea de una facultad dada al inferior por una idoneidad propia de él, de la cual carezca el superior. No se necesita una norma expresa que la autorice.

Cuestiones de Competencia

Existen cuestiones de competencia cuando se cuestiona entre órganos administrativos la facultad de uno para entender en un caso, existiendo un problema de atribuciones.
Resolverá los problemas de competencia:
   Si el conflicto es entre órganos o entre personas públicas estatales que dependen del mismo ministerio: el problema lo resuelve el titular de ese mismo ministerio.
   Si el conflicto es entre órganos que desarrollan su actividad en distintos ministerios: el problema lo resuelve el Poder Ejecutivo.
   Si el conflicto es entre ministros: el problema lo resuelve el Poder Ejecutivo.
Esas cuestiones de competencia pueden darse por solicitud de los particulares o por decisiones de algún órgano administrativo.

Contiendas negativas y positivas

a) Contiendas Negativas: en este supuesto el órgano llamado a intervenir en cierta cuestión niega su competencia o no se le es reconocida. Es decir que se declara incompetente, de oficio o a pedido de un particular, debiendo remitir las actuaciones al órgano que estime competente.
Si este último se declara incompetente se debe someter a la autoridad encargada de resolver estos conflictos.

b) Contiendas positivas: en este supuesto hay dos órganos que se consideran competentes para entender, resolver en la misma cuestión.
Ambos conflictos se resuelven por medio del dictamen del servicio jurídico correspondiente, y si se necesitara un dictamen técnico el plazo es de 5 días para resolver cuál es el órgano competente. Los plazos para la remisión de las actuaciones son de 2 días. Los plazos para producir dictámenes y dictar resoluciones son de 5 días.

Declinatoria e Inhibitoria

Son 2 vías distintas para lograr que deje de intervenir en el conflicto el juez considerado incompetente, y entienda el juez competente:
a) Declinatoria: a través de la declinatoria un particular interesado puede pedirle al órgano que interviene, que se declare incompetente. El mismo órgano puede declararse incompetente también.
b) Inhibitoria: mediante la cual un particular interesado puede pedirle al órgano que él considera competente que se declare como tal y le pida al órgano que está interviniendo, que deje de hacerlo.

Deberes y facultades del órgano competente

Los deberes que debe cumplir el órgano competente durante la dirección del procedimiento, son:
a) Tramitar el expediente: los expedientes deben ser tramitados por orden y deben decidirse a medida que van quedando en estado de resolver. Es decir que se establecerá la prioridad de su tratamiento según el orden temporal de los mismos y no se puede alterar su orden, a menos que se presente una verdadera causa que lo amerite, a través de una resolución fundada, ya sea por razones de oportunidad, mérito, conveniencia o urgencia.
b) Concentrar e impulsar simultáneamente: este principio procura usar el tiempo y los medios de la mejor manera posible a través de diferentes facultades dadas a las Administración, para que el procedimiento pueda dirigirse en forma eficaz.
Así la Administración debe tratar de:
   Proveer todos los trámites que puedan impulsarse a la vez en una sola resolución.
   Concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias o medidas de prueba pertinentes.
   Simplificar los procedimientos y concentrar los elementos de juicio.
   Eliminar plazos inútiles y evitar trámites administrativos costosos, lentos y complicados que dificultan el desenvolvimiento del expediente.
   Delegar atribuciones para que haya mayor eficacia.
   Realizar lo necesario para evitar nulidades, señalar los defectos de una petición y ordenar su corrección antes de darle trámite, etc.
c) Establecer un procedimiento sumario de gestión: se pretende simplificar el despacho de las actuaciones, cuando puedan resolverse varios expedientes homogéneos juntos usando formularios preimpresos u otros métodos.
d) Señalar los defectos a subsanar: consiste en que el órgano resuelva aquellas actuaciones que puedan entorpecer el trámite del procedimiento. Así, antes de tramitar una petición, señala sus defectos o errores y ordena su corrección y también dispone las diligencias necesarias para evitar nulidades.
e) Pedir la comparecencia de las partes: el órgano competente puede pedir que las partes interesadas comparezcan en forma personal para dar explicaciones necesarias sobre el objeto de las peticiones a fin de continuar con el procedimiento, o para tratar de reducir las diferencias que existieran sobre ciertas cuestiones.

Facultades disciplinarias

Son las facultades que tiene el órgano para lograr reprimir las faltas realizadas en el procedimiento, a fin de que éste sea llevado a cabo en forma ordenada y decorosa. Dichas facultades son:
a) Eliminar frases injuriosas o redactadas en forma ofensiva o indecorosa: estas frases, al ser tachadas, pasan a ser inexistentes.
b) Excluir de las audiencias a las personas que las perturben: retirado el perturbador, la audiencia debe seguir su curso sin su presencia. Si la persona que perturba fuere la parte o su letrado el acto debe suspenderse, en garantía del principio del debido proceso.
c) Llamar la atención o apercibir a las personas responsables: el llamado de atención sirve para advertirle a la persona que no haga determinada cosa en el futuro, por eso su fin es preventivo.
d) Aplicar las multas y otras sanciones que correspondan.
e) Separar a los apoderados cuando corresponda: los apoderados pueden ser separados por su falta de conducta o por entorpecer el trámite del procedimiento. Se lo intima al mandante para que:
   Nombre un nuevo apoderado.
   Se presente él directamente.
Si no hace ninguna de las 2 cosas puede ocurrir:
   Que se suspendan los procedimientos.
   Que continúen sin su intervención.
Las faltas cometidas por los agentes públicos en su calidad de tales, se rigen por el régimen disciplinario correspondiente; en cambio cuando intervienen como particulares sí se les aplican estas medidas.
Los puntos a), b) y c), no son medidas disciplinarias y pueden ser recurridas ante el mismo órgano que las aplica, pero no ante el superior. En cambio, las medidas d) y e) sí lo son y pueden recurrirse ante el superior.
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Apuntes / Representación Cat. Efron
Marzo 29, 2018, 03:54:30 pm
Representación
Artículos 31 al 38 (Decreto 1759/72)
Actuación por poder y representación legal
 El principio general es que la persona física o jurídica que interviene en el procedimiento como parte, tiene la capacidad para actuar en el mismo como tal.
La representación puede ser:
a) Facultativa: quien debe intervenir se lo encomiende a un tercero. Es decir que tiene un poder dado por el interesado de forma voluntaria.
b) Legal y Necesaria: por ser representante legal del interesado incapaz impuesto forzosamente por la ley. Cuando una persona es titular de un derecho peor no es apto para defenderlo en un juicio, debe nombrar a un tercero que lo represente en él.
En ambos casos se debe acreditar dicha relación mediante la representación de documentos que den fe tanto del poder como de la representación. La excepción se da si los que se presentan son:
a)   Los padres para representar a sus hijos.
b)   El esposo en representación de la esposa o viceversa.
Podrá ser representante cualquier sujeto de derecho con capacidad para ser parte. Podrá ser una persona física, profesional o no. Solo se exigirá la participación de un abogado cuando se cumplan dos requisitos:
a) Que se debata una cuestión jurídica.
b) Que la parte sea representada por un sujeto que no sea abogado.
Forma de acreditar la personería.
La acreditación de los representantes o apoderados debe hacerse desde la primera gestión que hacen a nombre de sus mandantes. Para ello cuentan con los siguientes documentos:
1) Instrumento público correspondiente: es el poder notarial, ya sea general o especial.
2) Copia del instrumento público firmado por el letrado o Copia certificada del poder: este poder se otorga por medio de escritura pública, de la cual se hace una copia autenticada y le presenta el apoderado. Puede acreditarse también mediante copia simple del poder, firmada por el abogado o apoderado, cuando:
•   El poder sea general.
•   Especial para varios actos.
•   Sea un contrato de sociedad civil o comercial.
3) Carta Poder autenticada: por el comisario de policía, Juez de Paz o Escribano Público. Excepcionalmente se admite carta poder simple, sin autenticar las firmas en forma externa., cuando puede ser autenticada en forma interna, sin que existan dudas sobre ella.
Mandato otorgado por acta ante la autoridad administrativa

El mandato también puede ser otorgado por acta ante la autoridad administrativa, la cual debe contener:
a) Identidad y domicilio de la persona que se presenta como mandante.
b) Designación del mandatario.
c) Detalle de las facultades de percibir dinero u otra facultad especial.
Cuando se faculte a percibir sumas mayores al equivalente de 10 salarios mínimos se requerirá un poder otorgado ante Escribano Público.
Cesación de la representación
Puede darse por 4 causas:
a) Revocación del Poder: esta revocación siempre debe ser expresa, por lo cual no puede suponerse o darse por revocado el poder por escritos o hechos del mandante que en forma expresa no lo revoque.
b) Renuncia del Apoderado: el apoderado puede renunciar siempre que no lo haga intempestivamente, ya que en ese caso será responsable por los daños y perjuicios que cause. Podrá hacerlo una vez vencido el término dado al interesado, o si éste se presentó para actuar en el procedimiento.
c) Muerte o inhabilidad del mandatario, representante o apoderado:  en este caso, la representación cesa de pleno derecho. Desde que los herederos cumplen con la obligación de denunciar la muerte, el órgano le pide al representado que se presente en forma personal o por medio de otro representante.
En cuanto al plazo, ya sea ante la revocación, renuncia o muerte del apoderado, se le otorgará un plazo al representado para presentarse o por medio de otro representante, bajo pena de seguir el trámite sin su intervención o archivar el expediente.
d) Muerte o incapacidad del mandante, representado o poderdante: si bien cesa la representación, hasta que los herederos o representantes legales del causante se presenten en el expediente, el representante o apoderado debe terminar los trámites que sean indispensables para que no se perjudiquen los intereses del difunto.

Alcances de la representación

Una vez que la autoridad administrativa admite la personería contenida en el poder, presentado por el mandatario, surgen ciertos efectos:
a) El representante va a tener la responsabilidad que le imponen las leyes, teniendo que continuar con su representación hasta el cese del mandato.
b) Los actos del representante van a obligar al representado como si este los hubiera hecho en forma personal.
c) El representante es responsable de los daños causados por su dolo o culpa al cumplir con el mandato. Es por ello que deberá actuar con la debida diligencia y responsabilidad.
d) El representante entiende en las citaciones, notificaciones y actos de carácter definitivo, salvo que se decida notificar a representado o se le exija su presencia.
Unificación de la personería
 La autoridad administrativa exige la unificación de la personería cuando:
   Varias personas hacen un petitorio donde no ha interés encontrados.
   Siempre que con dicha unificación no se lesionen intereses de ninguno de los representantes.
La autoridad administrativa les da un plazo de 5 días para que elijan a un representante común. Si no lo hacen, será ella quien designe a uno entre los peticionantes.
La unificación también puede ser pedida por las partes, al inicio del trámite o después, es decir, en cualquier estado del trámite de las actuaciones.
El fin de esta norma es dar celeridad, economía, sencillez y eficacia a los trámites.
El representante común entiende en las citaciones, notificaciones y actos de carácter definitivo, salvo que se decida notificar directamente a las partes o exigir su presencia.
Revocación de la personería unificada
Para revocar la personería se necesita:
a) Acuerdo unánime de los interesados.
b) Que sea presentada por la Administración a pedido de uno de los interesados siempre que hubiera un motivo justificado para ello.
c) Que desaparezcan las causas que originaron la unificación.
      
Vistas de las actuaciones administrativas

A través de las vistas el particular interesado, su apoderado o abogado acceden al expediente durante todo el trámite del mismo. Es decir que pueden verlo, conocer su contenido, consultarlo y fotocopiar cualquiera de sus partes a su cargo. No se les podrá negar el acceso bajo el fundamento de que el expediente "Está siendo estudiado para emitir una resolución" o similar. Se trata de una garantía a favor del particular interesado, para que éste pueda ejercer una buena defensa.

Reserva del expediente

Excepcionalmente no van a poder acceder a aquellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que hayan sido declarados como reservados, por medio de una decisión fundada y previo asesoramiento del servicio jurídico correspondiente. Nunca la reserva es de todo el expediente, sino de determinadas piezas, fojas o documentos.

Formas de hacer el pedido de vista

Se hace en la oficina donde está el expediente, y no se necesita resolución expresa. Puede realizarse de 2 formas:
1) Verbalmente: donde el acceso es informal, sin términos para acceder al expediente.
2) Por escrito.
 Duración del día de vista
Dura lo mismo que el horario de funcionamiento de la oficina donde está el expediente.
Si el peticionante solicita que se fije un plazo para tomar la vista, ese plazo se dispone por escrito. Dicho plazo puede ser el general de 10 días, ya que es el usado para realizar trámites. Este pedido de vista suspende el curso de los plazos.
Forma de tomar la vista
La vista comprende consultar el expediente, copiarlo, fotocopiarlo, etc., siempre que no se altere su estado. Incluso puede pedirse en préstamo para hacer copias.
Denegación de la vista
Esta denegación puede ser de 2 formas:
a) Total: ya que el particular tiene acceso irrestricto al expediente.
b) Parcial: se le limitan al particular las vistas de ciertas actuaciones.
De todas formas, se suspende el curso de los plazos hasta el día después que se notifica la denegación.   
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Apuntes / Unidad 1. Cat. Efron
Marzo 18, 2018, 10:39:12 am
Unidad 1. Procedimiento Administrativo Nacional y Provincial
1. Aspectos generales del procedimiento
Proceso y Procedimiento
Proceso y Procedimiento no son sinónimos. El Procedimiento son las actuaciones que se tramitan ante la Administración Publica para el dictado de un acto administrativo (Instancia administrativa). Podemos decir, también, que el procedimiento es el conjunto de actos y hechos interdependientes, cuyo fin es lograr un control de la actividad administrativa y que sirve también de garantía a los administrados.
En cambio, el Proceso Administrativo es un conjunto de actos ordenados e interdependientes en donde hay un litigio entre 2 partes presidido por un tercero neutral, denominado juez, quien aplica la ley. (Instancia judicial).
Diferencias entre Procedimiento y Proceso
Procedimiento Administrativo   Proceso Administrativo
La Administración aplica la Ley para satisfacer el bien común.
   El Juez aplica la Ley para restablecer el orden público perturbado.
La Administración actúa en interés propio y sus decisiones no tienen fuerza de verdad legal.
Se busca la Verdad Material.
   El Juez no actúa en interés propio y sus decisiones tienen fuerza de verdad legal.
Alcanza con arribas a la verdad formal.
La Administración es Juez y Parte ya que tiene interés en el dictado del acto administrativo. (Interés Público).
   El Juez no es parte sino un tercero imparcial independiente.
El principio general indica que se actúa de oficio y excepcionalmente a petición de parte.   El Principio general indica que se actúa a petición de parte y excepcionalmente de oficio.

La decisión final puede ser revocada.   La cosa juzgada le da a la sentencia una inmutabilidad casi absoluta.


Tipos de Procedimientos Administrativos
1) Técnicos: es el tipo de procedimiento que inicia la Administración para recolectar y ordenar datos, informaciones y elementos que le sirven para tomar una decisión sobre algo que afecta el interés o el bien común. El Administrado no participa.
2) De gestión: es el tipo de procedimiento mediante el cual el Administrado le pide a la Administración que le reconozca un derecho o interés legítimo protegido administrativamente. Se exige colaboración entre la Administración y el Administrado.
3) Sancionatorio: Es el tipo de procedimiento que inicia la Administración para sancionar las extralimitaciones y excesos de los funcionarios públicos (Procedimientos disciplinarios) y también de los particulares (Procedimientos Correctivos). Se Investiga la posible existencia de una infracción administrativa, ya sea de oficio o a pedido de parte.
4) Recursivos: es el tipo de procedimiento que inicia el particular interesado contra una decisión tomada por un órgano administrativo, es decir, que su objetivo es impugnar un acto administrativo. El recurso puede interponerse ante el mismo órgano que dictó el acto a impugnar o ante uno superior.

Tipos de peticiones administrativas
1) Denuncia: es poner en conocimiento de la Administración la existencia de una infracción administrativa. Quien denuncia no queda vinculado a la investigación posterior.
2) Reclamo: Petición original que da inicio al procedimiento de gestión.
3) Recurso: recurso de impugnación de un acto.
4) Descargo: Derecho de defensa de quien es acusado de cometer una infracción.

Principios Generales. Las Garantías y el Debido Proceso Adjetivo
Principios o Garantías Sustantivas
Son aquellas garantías detalladas en la Constitución Nacional y que protegen derechos fundamentales de los particulares. Dichas garantías son las siguientes:
•   Legalidad (Art. 19 C.N): La Administración no puede actuar sin que una norma jurídica se lo autorice expresamente y debe cumplir con las normas jurídicas, respetando los derechos que ellas le otorgan a los Administrados.
•   Igualdad (Art. 16 C.N): todos los Administrados que están en la misma posición tienen derecho a ser tratados de la misma forma. La Administración no puede dar privilegios o negar derechos a algunos administrados de forma arbitraria.
•   Defensa en juicio (Art 18 C.N): consiste en que el reo tenga posibilidad de estar presente durante su juicio, con un abogado que lo represente, y a ser oído todas las veces que quiera.
•   Razonabilidad (Arts. 28 y 99 inc. 2 C.N): los derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamente su ejercicio; por lo tanto el acto administrativo, el medio debe ser proporcional a la finalidad que se busca, debe tener un contenido justo y razonable; no puede consistir en una decisión arbitraria.
Principios o Garantías Adjetivos
El Art. 1 Ley 19.549 enumera los requisitos o principios adjetivos del procedimiento administrativo que se relacionan con el derecho procesal, los cuales sirven para respetar a los principios sustantivos:
a) Instrucción de oficio: el procedimiento puede ser iniciado de oficio por la Administración o a instancia de parte, pero la impulsión o dirección del expediente hasta su fin le corresponde a la Administración, porque es quien debe defender a la norma jurídica objetiva. Es por ello que no se puede permitir que la inacción de un particular paralice el trámite.
La Administración dirige el procedimiento y ordena las diligencias necesarias para llegar a la verdad y para resolver la cuestión en forma justa, ya que está en juego el interés público, y a finalidad última del Estado es la satisfacción de interés común.
El Administrado puede impulsarlo cuando solamente esté en juego su interés privado.
El Principio de instrucción consiste en que la obtención de pruebas y averiguación de hechos importantes para el procedimiento, corresponde no sólo a la parte, sino también de oficio, a la Administración.
b) Informalismo: el particular puede dejar de lado exigencias formales no esenciales que puedan ser cumplidas más adelante.
La informalidad es sólo para el particular, no para la Administración. Su razón de ser que, en el procedimiento, en general, no se exige que el particular asista asesorado por un abogado, el cual conoce mucho más sobre las exigencias formales.
Este informalismo debe tener en cuenta que las peticiones que hagan los Administrados no deben tener una vaguedad o inexactitud como para impedirle a la Administración denegar o acceder lo pedido por ellos.
c) Plazos: el plazo es el lapso que media entre la celebración del acto y la producción de un hecho futuro necesario, al cual se subordina el ejercicio o eliminación de un derecho.
Las actuaciones y los actos deben practicarse y adoptarse dentro del plazo establecido para cada caso, ya que los plazos son obligatorios tanto para la Administración como para el particular. El plazo general es de 10 días si o se establece otro distinto.
Cómputo del plazo
Los plazos se computan por días hábiles administrativos y a partir del día siguiente de la notificación, con excepción de que los actos deban ser publicados, en cuyo caso son obligatorios desde el día que su publicación se determine. Si no lo determina será a los 8 días del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
Interrupción y suspensión de los plazos
Interrumpir significa impedir la continuación del curso de los plazos.
La interposición de del recurso administrativo interrumpe los plazos, aunque el recurso contenga defectos o se presente ante órgano incompetente.
Al interrumpir un plazo, todo el tiempo transcurrido hasta ese momento desaparece, se borra como si nunca hubiese transcurrido. En la suspensión, en cambio, se paraliza el plazo, en lugar de borrarse.
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Exámenes / Curso de verano 2018. Cat. Dra. Pascual
Febrero 23, 2018, 06:58:18 pm
1) Indique cuáles son las modalidades que pueden darse en el cuidado personal compartido:

Respuesta: Individual o conjunto.

2) Indica que causa opera como extinción de la titularidad de la responsabilidad parental.

Respuesta: Muerte del progenitor o del hijo.

3) El régimen primario es un conjunto de normas que regulan:

Respuesta:

4) El régimen primario establece que los esposos son solidariamente responsables por las obligaciones contraidas para:

Respuesta:

5) El derecho del hijo a reclamar la filiación se extingue por:

Respuesta: No se extingue

6) Los nacidos por T.R.H.A son hijos de quien dió a luz y:

Respuesta: De quién también prestó su consentimiento informado.

7) La sentencia de adopción plena tiene efecto retroactivo desde:

Respuesta: Al inicio del trámite

8) ¿Quiénes pueden ser adoptantes?

Respuesta: Matrimonios, por ambos integrantes de una unión convivencial o por una única persona.

9) El parentesco por afinidad es:

Respuesta: El que existe entre una persona casada y los parientes de su cónyuge..

10) Conforme el Art. 708 C.C.C, el acceso a los expedientes en los procesos de familia están limitados a:

Respuesta: A las partes, sus representantes y letrados y a los auxiliares del proceso.

Caso:

María y Pedro se casaron el 1 de Septiembre de 2012, al día siguiente de la boda se fueron de Luna de Miel a Punta Cana. Pedro se va solo a una excursión y al regreso de la misma encuentra a su flamante esposa saliendo de la habitación a los arrumacos con el conserje del hotel. María ante la vergüenza de ser descubierta en su infidelidad le sugiere a su marido regresar antes de la Luna de Miel. De regreso, Pedro encuentra refugio amoroso en su socia, Belén y deciden iniciar una convivencia.

1) ¿En qué forma puede Pedro iniciar el divorcio? ¿Debe esperar un plazo determinado? ¿Por qué?
2) ¿Podría invocar alguna causal? ¿Cuál?
3) ¿Qué deberá presentar Pedro como requisito de admisibilidad para solicitar el divorcio?
4) ¿Podrá Pedro inscribir una unión convivencial con Belén o deberá esperar un plazo?
5) ¿Tiene Pedro obligaciones con respecto a la hija de 2 años de Belén?
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Examen del curso de verano de Dcho. de Familia. Fueron algunas preguntas Multiple choice y un caso a resolver.

1) ¿Cuál es el Principio general de la Responsabilidad Parental?

Respuesta: El interés superior del niño

2) ¿Qué grado de parentesco tengo con mí primo?

Respuesta: Pariente en 3er grado línea colateral.

3) ¿Quienes son partes en el proceso de adopción?

Respuesta: El niño, niña o adolescente y los padres u otros representantes legales del niño.

4) Si se construye un edificio con dinero ganancial en un terreno propio del otro cónyuge:

Respuesta: El edificio será propio y se deberá una recompensa a la comunidad.

5) ¿Qué actos requieren el Asentimiento del otro cónyuge para actos de administración y disposición?

Respuesta:
a)Disponer de los derechos sobre la vivienda familiar.
b) Disponer de los muebles indispensables del hogar.
c) Transportar los muebles indispensables de la vivienda familiar fuera de ella.

6) Determinacion de la filiación matrimonial. Se presumen hijos del o la cónyuge los nacidos luego de la celebración del matimonio y hasta 300 días posteriores a:

Respuesta: La interposición de la demanda de divorcio o de nulidad del matrimonio; la separación de hecho o la muerte.

Alejandro, de 18 años y Juan, de 15 años, son primos y mantienen una relación, la cual desean formalizar contrayendo matrimonio.

1) ¿Pueden celebrar matrimonio? ¿Hay Algún impedimento?
2) De mediar impedimentos, ¿como se resuelve? ¿Qué proceso debe seguirse?
3) ¿Pueden registrar una Unión convivencial? Justificar la respuesta.
4) Luego de 5 años de relación, alejandro comienza a agredir verbal y fisicamente a Juan, por lo cual éste decide denunciarlo. Mencioné por lo menos 3 medidas que puede solicitarle al Juez.
¿Qué plazo tiene el Juez para resolver?
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Tema 1.

1. Principio general del inicio del computo del tiempo en la prescripción.
2. Acción Preventiva. Desarrolle.
3. Responsabilidad Civil del Médico.
4. Compensación.

Tema 2.

1. Responsabilidad Civil del Abogado.
2. Dación en pago. Comparación con el pago.
3. Función resarcitoria.

Faltan más preguntas porque debido al paro de transportes nos tomaron el examen en dos tandas. Suerte!
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Preguntas de Criminología 2017
Catedra: Dr. Valle
Primer Parcial
1. Objeto de la criminología. Diferencias con el Derecho Penal.
2. Teorías biológicas. Diferencias entre Garófalo, Lombroso y Ferri.
3.  Teoría de la anomia y la desorganización social. Diferencias.
4. Delito y Desviación social. Diferencias.
5. Aprendizaje del delito. Experimento de la cárcel de Stanford (Milgram)
6. Efectos de la droga y el alcohol sobre el delincuente.
7. Víctima. Concepto.  Victimización primaria y secundaria.
8. Víctima. Síndrome de Estocolmo.
9. Control social informal.
10. Control Social Formal.
Segundo Parcial
1. Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria.
2. Sistemas Clásico y Neoclásico.
3. Reglas de Brasilia. (Vulnerables). Fecha de celebración. Acuerdo al que se arribó.
4. Sistema carcelario filadélfico.
5. Sistema carcelario Aurburniano.
6. Sistema de resocialización Progresiva. Etapas.
7. Sistema Panóptico.
8. Reacción frente al delito. Formal e Informal.
9. Modelos de reaccion frente al delito: Disuasorio y Resocializador.
10. Nothing works/What Work
11. Sistema de Justicia Penal.
12. Sistema de Probation.
13. Diferencias entre sistema criminal y politica criminal.
14. Diferencias entre sexo y género.

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Apuntes / Resumen 2do. Parcial 2017 Catedra Valle
Junio 06, 2017, 05:25:46 pm
2do. Parcial de Criminología.
Cátedra: Dr. Valle

Bolilla 7. La reacción frente al delito

1. Reacción frente al delito. Formal e Informal.

La Reacción frente al delito puede definirse como los modos en que la sociedad reacciona frente al hecho antisocial y reprime al delincuente.
Hay dos clases de reacciones frente al delito: la Reacción Formal y la Reacción Informal.
a. La Reacción Formal: se da cuando la respuesta al delito es tratada por las instituciones: se  revisa y se juzga la conducta delictiva, (policía, tribunales y cárceles). En el marco de la reacción formal, se encuentran aparentemente satisfechas las Garantías Constitucionales.
I) La  Policía: Es la institución de seguridad pública, nacional o provincial, cuyo objetivo es velar por el bienestar de los ciudadanos, defender las garantías y el cumplimiento de las leyes. Su accionar está dirigido hacia la prevención, investigación y represión del delito en el marco de la ley. Fuera del estado de derecho, este objetivo fijado para el accionar policial tiende a desnaturalizarse.
II) Los tribunales penales: Su función consiste en llevar adelante los procesos penales establecidos en el Código de Procedimientos Penal para determinar si una persona es o no penalmente responsable del delito por el cual se encuentra imputado.
Se le critica su funcionamiento anómalo: la discriminación, el acceso restringido a determinados sectores de la población y a las decisiones que perjudican a los más débiles.
Los tribunales han merecido creciente atención por cuanto sus fallos representan sanciones emblemáticas frente a la delincuencia (mensaje social). La globalización y la adopción de estándares internacionales sobre la privación de la libertad han implicado la ampliación del mandato y los poderes de los tribunales.
El acceso a la justicia ha sido considerado como limitado, no sólo debido a minusvalía socioeconómica, sino a la distancia cultural entre el grueso de la población y el sistema.
III) Servicio Penitenciario: Es una Fuerza de seguridad Nacional o Provincial, cuya misión es resguardar y custodiar los procesados con prisión preventiva y condenados por la comisión de un delito.

b. Reacción Informal: es aquella reacción social, ajena a los mecanismos institucionales.
La "vindicta publica por reacción inmediata" o "Justicia por Mano propia": es la utilización como práctica abusiva, fomentada por los mismos funcionarios gubernamentales, producto de respuestas desorganizadas de la población, como consecuencia de la percepción de ineficacia estatal para contener la delincuencia (Los pepe, en Colombia; las Brigadas de la muerte, en Brasil).

2. Modelos de Reacción al delito: Disuasorio y Resocializador.

a) Modelo Disuasorio o Clásico: este modelo tiene, como respuesta al delito, una acentuada pretensión punitiva. Es decir, que se centra en el castigo para todo aquel que se encuentre en conflicto con la ley penal.
Para este sistema de reacción al delito, el aumento de las penas, la creación de más delitos, el aumento de la cantidad de efectivos policiales, jueces, fiscales y cárceles, así como la expansión del derecho penal son claves para enfrentar el crimen.
 Este sistema tiene una mirada limitada del delito y lo ubica como un enfrentamiento formal y simbólico entre el Estado y el imputado. Para el Estado solo hay dos partes o protagonistas del conflicto: el infractor y el Estado. Los demás no cuentan, así como tampoco la víctima, la cual es una pieza a la que el Estado la pone a un lado al momento de reaccionar contra el delito.
Es un sistema obsesionado por satisfacer la pretensión punitiva del Estado y en la que éste exhibe la fuerza victoriosa del derecho sobre el culpable como instrumento reactivo. Su eficacia depende de la capacidad disuasoria del castigo y el incremento de la delincuencia se explica por la debilidad de la amenaza penal.
Este modelo intimida pero no convence, ya que en lugar de resolver el delito lo potencia: No convence porque la capacidad preventiva de un terminado medio no depende de su naturaleza (penal o no penal), sino de los efectos que tenga. Toda intervención penal acarrea elevados costes sociales. Más intervención Penal, no significa necesariamente menos crimen.
El efecto disuasorio real de la pena, no es la gravedad de la misma, sino la prontitud con que se imponga. El sistema fracasa, no convence pues el sistema legal no actúa sobre las causas del crimen. Su capacidad de prevención tiene límites insalvables y, a medio o largo plazo no resuelve por sí mismo el problema criminal.
Partiendo de experiencias empíricas, se desmiente la supuesta eficacia preventivo-espacial de la pena, pues incapaz de evitar la reincidencia. Los índices de reincidencia aumentan cuantas más veces ha ingresado en prisión el sujeto y más rigurosas, estrictas y duraderas son las penas recibidas demostrando parcialmente su ineficacia preventivo-general.

b) Modelo Resocializador: La idea de "readaptación social" de la persona encarcelada por la comisión de un delito, (también denominada "resocialización" o "reinserción"), está basada en una serie de supuestos que pueden resumirse en:
•   Principio de Legitimidad: Potestad del estado para reprimir la criminalidad de la cual son responsables determinados individuos.
•   Principio "del bien y el mal": el delito es un daño para la sociedad: la desviación criminal está mal, la sociedad bien constituida está bien.
•   Principio de Prevención: La pena no tiene la función de castigar, sino la de prevenir el crimen abstractamente previsto en la ley. Tiene la función de crear una justa y adecuada contra-motivación y, una vez impuesta la pena, se debe resocializar al delincuente.
•   Principio de Igualdad: al ser la criminalidad la violación de la ley penal, la reacción penal se aplica de modo igual a todos los autores de delitos.
•   Principio del "Delito Natural": casi todas las figuras delictivas previstas en las leyes de todo tiempo y lugar, representan la ofensa a intereses fundamentales para las condiciones de existencia de una sociedad y solo una pequeña parte de los delitos representa la violación a órdenes económicos, políticos, o de otro orden.
En términos prácticos, se busca reinsertar al reo mediante la educación y las actividades laborales o el aprendizaje de artes y oficios. El término "resocialización" representa un proceso de re-introducción del individuo en la sociedad, rehabilitando los contactos sociales del interno y procurando atenuar los efectos negativos de la pena denominados "prisionización". Esto es lo que llamaríamos: "El ideal resocializador".
3. Nothing work. What Work.

En  el año 1974 en Estados Unidos, se empezaron a realizar estudios acerca de la eficacia de los programas de rehabilitación con personas que tenían pasado delictivo. De allí es que nace una doctrina criminológica denominada  "Nothing Works".
 La teoría se funda sobre una base empírica de un estudio pormenorizado sobre  231 programas de rehabilitación diferentes aplicados entre los años 1945 y 1967 realizados en las cárceles Norteamericanas.
Dicho trabajo, al igual que otras teorías, llega a la conclusión de que la rehabilitación no tenía un efecto significativo para reducir la reincidencia criminal, es decir que "nada servía en materia de programas de rehabilitación.
Se comienza entonces con toda una postura criminológica acerca de que los tratamientos carcelarios no conducen a nada bueno y que el estar privado de la libertad tampoco. Este segundo postulado aumentó la controversia, ya que se afirma que el solo hecho de estar encerrado no genera rehabilitación, lo que precisamente, hace necesario el proceso terapéutico.  En cambio, el primer postulado llevó a suponer que si estos tratamientos no funcionaban, carecía entonces de sentido gastar dinero y emplear recursos humanos para dicho fin.
Toda la anterior perspectiva "nothing Works", al parecer, generó que se incrementara la pena de muerte en varias partes de Estados Unidos. Por otra parte, también generó la visión de que sería mejor encerrar al delincuente y tirar la llave sin hacer nada por él.
Más adelante se admitió que el anterior análisis fue precipitado, ya que en la rehabilitación o tratamiento habían cosas que no funcionaban, otras que medianamente funcionaban y, por último, algunas que no funcionaban tan mal pudiendo mejorarse y funcionar bien, además de algunas que era necesario mantenerlas, sobre todo los controles psicológicos y la actividad laboral que los alejara del ocio.
 Actualmente existen detractores de la rehabilitación, que sostienen el "Nothing Works", llegando incluso a considerar que los programas de rehabilitación pueden proveer a las personas con pasado criminal o conducta delictiva de materia prima para ser mejores delincuentes y facilitarles su labor.
Como contrapartida al "Nothing Works", surge el "What Works", el cual se basa en  encontrando sólidas evidencias de que algunos programas de rehabilitación funcionaban. De acuerdo con las investigaciones, se ha afirmado que la rehabilitación logra reducir la conducta delictual en algunos reclusos. Pero que no se trata de descubrir si algún programa funciona o no, sino en cómo y para quién funciona.
 Así, los programas de rehabilitación efectivos son aquellos que logran adecuarse  a las necesidades, circunstancias y estilos de aprendizaje de los individuos. Los programas de tratamiento deben entonces ser diferenciados para poder encontrar una mayor eficacia, tanto individual como grupal.
Las condiciones para que los programas de rehabilitación logren disminuir la reincidencia son las siguientes:
•   Los servicios deben prestarse principalmente a los individuos de alto riesgo.
•   Las necesidades criminológicas deben ser claramente identificadas.
•   El programa debe adecuarse a las necesidades de los individuos.
•   Hay que tener en cuenta los estilos de aprendizaje de cada individuo.
Los programas más efectivos en reducir la reincidencia son aquellos basados en aprendizajes sociales o en principios de conducta, los que buscan construir capital humano en los infractores. Los factores que influyen en el éxito de los programas son:
•   Características del programa: Los programas se adapten a las necesidades específicas de los individuos y que exista suficiente evidencia empírica sobre su eficacia
•   Características del infractor: Los programas deben seleccionar candidatos apropiados y buscar satisfacer las necesidades y deseos de estos. Dentro de esta característica existen principios de selección de estos:
Riesgo: los reclusos de alto riesgo se benefician más que los de bajo riesgo.
Necesidades: los programas deben dar respuesta a las necesidades criminológicas.
Sensibilidad: los programas deben adecuarse a las características individuales de los infractores.
Discreción profesional: tener en cuenta situaciones que no han sido considerados en los otros principios
Integridad del programa: el programa debe ser estable.
 Los programas efectivos son aquellos que conjugan el programa con las necesidades, circunstancias y estilos de aprendizaje de los individuos. El éxito del programa no depende sólo del tipo de programa sino que también de las condiciones del contexto en que ésta el individuo.

4. Sistema progresivo. Etapas: Observación, Tratamiento, Prueba y Libertad condicional.
Las fallas del sistema Auburniano , llevaron a replantear la idea del aislamiento que se sustituyó por otra propuesta basada en la evolución individual de cada preso, dando lugar a los llamados sistemas progresivos penitenciarios donde el periodo de reclusión se dividía en diferentes grados, de modo que el interno pudiera avanzar de una fase a la siguiente y obtener mejores condiciones de vida (progresión de grado) o retroceder (regresión de grado) si empeoraba su conducta.
El sistema progresivo presenta las siguientes ventajas:
•   Favorece la salud física y mental del interno.
•   Mejora la disciplina.
•   Facilita la reinserción social.
•   E s menos onerosa.
•   Posibilita el hallazgo de trabajo al recuperar la libertad.
•   Resuelve el problema sexual carcelario.
Este sistema presenta las siguientes desventajas:
•   Las fugas.
•   La resistencia de los habitantes del lugar donde se instale la prisión.
•   Disminución de la función intimidatoria de la pena.
El sistema resocializador progresivo está compuesto por cuatro etapas:
•   Observación. Art. 13 de la Ley 24.660. Durante el período de observación el organismo técnico-criminológico tendrá a su cargo:
a) Realizar el estudio médico, psicológico y social del condenado, formulando el diagnóstico y el pronóstico criminológico, todo ello se asentará en una historia criminológica que deberá mantenerse permanentemente actualizada con la información resultante de la ejecución de la pena y del tratamiento instaurado.
b) Recabar la cooperación del condenado para proyectar y desarrollar su tratamiento. A los fines de lograr su aceptación y activa participación, se escucharán sus inquietudes.
c) Indicar el período y fase de aquel que se propone para incorporar al condenado y el establecimiento, sección o grupo al que debe ser destinado;
d) Determinar el tiempo mínimo para verificar los resultados del tratamiento y proceder a su actualización, si fuere menester.
•   Tratamiento. Artículo 14 de la Ley 24.660. En la medida que lo permita la mayor o menor especialidad del establecimiento penitenciario, el período de tratamiento podrá ser fraccionado en fases que importen para el condenado una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena. Estas fases podrán incluir el cambio de sección o grupo dentro del establecimiento o su traslado a otro.
•   Prueba. Artículo 15 de la Ley 24.660. El período de prueba comprenderá sucesivamente:
a) La incorporación del condenado a establecimiento abierto o sección independiente de éste, que se base en el principio de autodisciplina;
b) La posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento;
c) La incorporación al régimen de la semilibertad.
•   Libertad condicional. Artículos 28 al 56 de la Ley 24.660. El juez podrá conceder la libertad condicional al condenado que reúna los requisitos fijados por el Código Penal, previo los informes fundados del organismo técnico-criminológico, del consejo correccional del establecimiento y, si correspondiere, del equipo especializado. Dicho informe deberá contener los antecedentes de conducta, el concepto y los dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución de la pena.
En los casos de las personas condenadas por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual agravado por acceso carnal y Corrupcion de Menores, antes de adoptar una decisión, el juez deberá tomar conocimiento directo del condenado y escucharlo si desea hacer alguna manifestación.
También se requerirá un informe del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución y se notificará a la víctima o su representante legal, que será escuchada si desea hacer alguna manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados para presentar su propio informe.
Al implementar la concesión de la libertad condicional, se exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo informe de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.
La supervisión del liberado condicional comprenderá una asistencia social eficaz a cargo de un patronato de liberados o de un servicio social calificado, de no existir aquél. En ningún caso se confiará a organismos policiales o de seguridad.
Libertad Asistida. Artículo 54 de la Ley 24.660. La libertad asistida permitirá al condenado no reincidente, el egreso anticipado y su reintegro al medio libre seis meses antes del agotamiento de la pena temporal.
El juez a pedido del condenado y previo los informes del organismo técnico-criminológico, del consejo correccional del establecimiento y, si correspondiere, del equipo especializado, podrá disponer la incorporación del condenado al régimen de libertad asistida, pudiendo denegarla fundamentadamente, solo cuando considere que el egreso puede constituir un grave riesgo para el condenado o para la sociedad.
En los casos de las personas condenadas por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual agravado por acceso carnal y Corrupcion de Menores, antes de adoptar una decisión, el juez deberá tomar conocimiento directo del condenado y escucharlo si desea hacer alguna manifestación.
También se requerirá un informe del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución y se notificará a la víctima o su representante legal, que será escuchada si desea hacer alguna manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados para presentar su propio informe.
Al implementar la concesión de la libertad asistida, se exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo informe de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.

Bolilla 8. Prevención del Delito

5. Prevención del Delito primaria, secundaria y terciaria.

Por la palabra prevención entendemos aquellas medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso, para reducir sus efectos sobre la población. Por consiguiente, "Prevención del delito" no es más que tomar medidas y realizar acciones para evitar una conducta o un comportamiento que puedan dañar o convertir a la población en sujetos o víctimas de un ilícito.
La prevención se divide en: "Primaria, Secundaria y Terciaria".
Prevención primaria: Se orienta a las causas mismas del conflicto criminal, para neutralizarlo antes de que se manifieste el problema. La educación y socialización, vivienda, trabajo, bienestar social y calidad de vida son ámbitos esenciales. Es la más eficaz, pero actúa a medio y largo plazo, y reclama prestaciones sociales e intervención comunitaria.
Prevención secundaria: Actúa cuando y donde se manifiesta el problema. Opera a corto y medio plazo y se orienta a grupos concretos de la sociedad, que poseen un mayor riesgo de padecer o crear el problema criminal. La Prevención policial, el orden urbano, la utilización del diseño arquitectónico como autoprotección, el desarrollo en barrios bajos de organizaciones Clubes, desarrollar en estos barrios programas deportivos, etc., son medidas esenciales de la Prevención secundaria.
Prevención terciaria: Esta dirigida a la población reclusa y su objetivo es evitar la reincidencia de los mismos. Es la de carácter más punitivo.
Sus críticos dicen que es:
•   Tardía: ya que actúa cuando ya se cometió el delito.
•   Parcial: porque su objeto se dirige solo al penado.
Insuficiente: Ya que no neutraliza las causas del problema criminal.

6. Modelos  de Prevención clásico y Neoclásico en el sistema criminal.

Existen dos modelos de respuesta tradicional al problema de la prevención del delito:
a. Modelo Clásico: para este modelo el Derecho Penal es la respuesta primaria y natural al delito.  Su eficacia depende de la capacidad Disuasoria de la pena o Amenaza del Castigo. Explica el incremento de la delincuencia por la debilidad de la amenaza penal.
En el modelo clásico la prevención se tiene que conseguir disuadiendo la pena. Por lo tanto cuanto más duras son las penas, la criminalidad será mucho menor. Se le crítica a este modelo la existencia de países en los que las penas son muy duras y en los que se siguen cometiendo delitos, además, no tienen en cuenta que lo importante de las penas no tiene que ser su gravedad. A este modelo se le olvida que los delincuentes cuando actúan no tienen en cuenta las consecuencias lejanas que les va traer este comportamiento, a ellos lo único que les importa es la consecuencia inmediata del mismo, por lo tanto no tendría sentido centrar toda la prevención en imponer penas más duras.
Toda intervención penal acarrea elevados costos sociales. Más intervención Penal, condenas más graves y severas no significan, necesariamente, menos crimen.

b. Modelo Neoclásico: Para este modelo el efecto disuasorio está asociado a la efectividad del sistema legal penal, atribuyéndose la criminalidad al fracaso o fragilidad del sistema legal y a sus bajos rendimientos.
Para el modelo neoclásico la prevención se consigue con un sistema legal eficaz. Es necesaria la existencia de más policías, jueces y cárceles y, que las existentes, sean las adecuadas y lleven a cabo programas de rehabilitación.
No convence pues el sistema legal no actúa sobre las causas del crimen. No es el fracaso del sistema legal lo que produce el incremento de delincuencia, sino al revés, es el incremento de esta, lo que produce la fragilidad y fracaso del sistema legal.
Partiendo de experiencias empíricas, se desmiente la supuesta eficacia preventivo-espacial de la pena, pues incapaz de evitar la reincidencia; pues los índices de reincidencia aumentan cuantas más veces ha ingresado en prisión el sujeto y más rigurosas y estrictas y duraderas son las penas recibidas. Se verifica parcialmente su eficacia preventivo-general ya que el riesgo que se descubra el delito y se detenga al infractor es un elemento esencial para la prevención del crimen.

Bolilla 9. El Sistema Criminal

7. Sistema de Justicia Penal.

El sistema de Justicia Penal abarca desde que se detecta o supone que se detecta una sospecha de delito hasta que se impone y ejecuta una pena.  En un sentido limitado, abarca desde la actividad del legislador, del público, de la policía de los jueces y funcionarios y de la ejecución penal.
En un sistema más amplio, entendiendo por sistema penal al "control social institucionalizado", caben en él acciones controladoras y represoras que aparentemente nada tiene que ver con el sistema penal. Forman parte del sistema penal Institucionalizado los procedimientos contravencionales de control de sectores marginados de la población, las facultades sancionatorias policiales arbitrarias, las penas sin proceso, las ejecuciones sin proceso, etc. En un sentido más amplio, pueden tener contenido sancionatorio acciones que se encubren en discurso de tipo terapéutico o asistencial.
Segmentos del sistema penal: los básicos actualmente son:
a. Policial; b. Judicial; c. Ejecutivo.
El derecho penal institucional forma parte de los mecanismos sociales que tienen por finalidad obtener determinados comportamientos individuales en la vida social, compartiendo su tarea con la ética y la moral sin identificarse con éstas. Exteriormente procura alcanzar sus fines declarando ciertos comportamientos como indeseables y amenazando su realización con sanciones rigurosas. Es en este sentido que el derecho penal es un instrumento de control social, que opera junto a otros instrumentos de idéntica finalidad, pero con sanciones que se ajustan a un procedimiento determinado para su aplicación y están preestablecidas de un modo específico en lo referente a sus alcances, duración, derechos que afecta, etc.
El derecho penal forma parte del control social primario, por oposición al control social secundario que trata de internalizar las normas y modelos de comportamiento sin recurrir a la sanción o al premio.
Se puede afirmar que el derecho penal procura mantener un determinado equilibrio del sistema social, amenazando y castigando. Se castiga cada vez que la amenaza fracasa en su intención de castigar.
En realidad deben distinguirse entre los delitos cometidos y los sancionados ya que los primeros en general superan a los segundos. En resumen, cabe señalar que el derecho penal forma parte del aparato de imposición necesario para el mantenimiento de la estabilidad de una sociedad.

8. Sistema de Probation

Desde el momento en que se inicia el proceso penal por un hecho que podría ser considerado "no grave", los Jueces, Fiscales y Defensores, deben intentar la búsqueda de una solución al conflicto que nació de aquél hecho entre las personas.
Uno de los modos de resolver los casos penales sin ir a un juicio, se encuentra establecido en el Artículo 76 Ter del Código Penal y es la Probation o "Suspension de Juicio a Prueba", la cual consiste en la suspensión del trámite judicial, para que quien esté acusado de cometer un delito cumpla con ciertas pautas de conducta y, una vez cumplidas y transcurrido el plazo de suspensión, se resuelva su desvinculación definitiva, quedando absuelto.
La Probation no se puede conceder para todos los delitos, ni tampoco a todas las personas sospechadas de cometerlos y, además, se tienen que dar varios requisitos. Si la escala penal tiene previsto un mínimo de pena igual o inferior a 3 años de prisión y si es la primera vez que el sospechado comete delito, le podría corresponder una pena en suspenso en caso de ser condenado. Es en estos casos en los que se puede conceder "la probation".
Por el contrario, ante determinado el delito, si la escala penal tiene un mínimo superior a los 3 años de prisión o registra una condena anterior, en caso de ser condenado le corresponderá la imposición de pena efectiva. En estos casos no se puede conceder la suspensión del proceso a prueba. Tampoco se pueden beneficiar con la probation a los funcionarios públicos que han cometido un delito en el ejercicio de su cargo.
Este beneficio debe ser solicitado por el imputado, a través de su abogado, ya que es él el mayor interesado en conseguir que se le otorgue y quien se verá obligado a respetar y cumplir con todas las pautas de conducta que se le fijen. El Juez y el Fiscal, en la audiencia, van a verificar que se den los requisitos y, luego, analizaran si se le otorga o no el beneficio de acuerdo al ofrecimiento que hace.
El imputado está obligado a realizar un ofrecimiento para reparar el daño causado de acuerdo con sus posibilidades económicas. No se trata de una reparación integral, o que comprenda el valor del daño considerado por la víctima; ya que si la víctima no lo acepta va a tener la posibilidad de reclamar todo lo que considere suficiente a través de la justicia civil por daños y perjuicios.
Generalmente, el imputado ofrece además cumplir con reglas de conducta, relacionadas con los motivos o las circunstancias en que se habría cometido el hecho con el fin de evitar que se vea involucrado nuevamente. En la mayoría de los casos se acuerda, además, que los imputados hagan trabajos comunitarios no remunerados en favor de alguna institución de bien público con la idea de mostrar a la sociedad su intención y voluntad de modificar su persona para bien y, de algún modo también, reparar el daño que se ha producido con el hecho al violar las reglas de la vida en sociedad.
Antes de que el Juez resuelva, la opinión del Fiscal puede ser determinante, ya que, más allá de darse las condiciones para otorgarla puede oponerse a la concesión de la suspensión del proceso por motivos razonables y lógicos.
Al momento de resolver, el Juez decide:
1) Si la concede o no.
2) El tiempo que va a durar la suspensión del proceso, que no puede ser menos que un año ni mayor a tres años.
3) Cuáles son las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado, pudiendo agregar otras que no hayan sido ofrecidas.
Si durante el tiempo en que se suspende el proceso, la persona no comete nuevo delito, cumple con todas las reglas de conducta que le impuso el juez en la audiencia, repara el daño conforme lo que ofreció en su momento, el juez va a desvincularlo del proceso, como si el hecho nunca hubiera existido y el proceso se termina. No le quedarán antecedentes.
Ahora, si durante el tiempo que dura la suspensión del proceso, comete nuevo delito, el beneficio de la probation le va a ser revocado, va a ir a juicio y, si es condenado, va a tener que cumplir la pena que le corresponda por los dos delitos. Podrá ser concedida por segunda vez pero, para ello tienen que haber pasado 8 años desde que se cumplió la primera suspensión.
Entre los beneficios de la Probation podemos mencionar:
•   No es simplemente un método de suspensión de la pena ya que, por medio de ella, la justicia se esfuerza en ayudar al sujeto puesto a prueba para que logre su rehabilitación en la comunidad.
•   Este sistema, en lugar de condenar, le ofrece una nueva oportunidad a la persona que está sometida a ella, exigiendo al mismo tiempo un serio propósito de disciplina personal siendo el consentimiento un factor previo y esencial. Se busca con ella la rehabilitación del delincuente y la prevención de la reincidencia.
•   Provee de recursos al juez para determinar la resolución apropiada a la causa penal.
•   Produce la transformación de la persona que ha violado la ley en una persona socialmente responsable, modificando la conducta del delincuente, motivando el cambio en su actitud y en relación con la sociedad en cuanto a la restitución que reconoce debe proveer.
•   Evita las consecuencias estigmatizantes del encarcelamiento y el juicio penal en delitos menos graves.
•   La Ventaja de que el tratamiento se cumpla en libertad observando la necesidad del trabajo integral del que ha cometido la falta y su contexto, sin olvidar la repercusión del mismo en la sociedad, diseñando un nuevo sistema que contribuya a mejorar la problemática criminológica.
•   Puede aplicarse a personas "No Delincuentes" pero que, por circunstancias como el abandono, influencias desfavorables del medio, de la familia, tienen necesidad de orientación, seguimiento y cuidados especiales ya que es un método preventivo que intenta la readaptación social en caso de peligro.
•   Menor cantidad de establecimientos carcelarios y logros sociales en cuanto a políticas educativas que comiencen a funcionar. Este sistema estructura todo un proceso, asegurando a través del seguimiento y apoyo integral que esa persona pueda ser útil a sí misma, a su contexto más próximo y la sociedad en general.
•    Disminución de las patologías sociales en menores, delincuencia juvenil, adicción a sustancias tóxicas y violencia.
 Fortalecimiento y perfeccionamiento del desarrollo y la sana educación de la personalidad humana, las condiciones educativas, sanitarias, económicas culturales y sociales. Promoción del trabajo en la comunidad para protección de la seguridad general. Trabajo con todos los sectores: Medios de Comunicación, Instituciones Educativas, de Salud, Religiosas.

9. Diferencias entre sistema criminal y política criminal.
La diferencia entre el sistema criminal y la política criminal es que el sistema criminal está compuesto por tres instituciones, que intervienen en la persecución y castigo del delito desde que este fue cometido. El sistema criminal es la aplicación del sistema penal con las garantías del debido proceso;  en cambio la política criminal es como la población reacciona organizadamente frente a las acciones delictivas  que amenazan su cohesión o su desarrollo armónico. Es tarea de esta disciplina, no solo la descripción de la reacción social contra la delincuencia, sino también la determinación de los lineamientos que deberían seguirse a fin de lograr una mayor eficacia.

Bolilla 10. La cárcel

10. Sistema Panóptico

Jeremy Bentham fue el ideólogo de la reforma penitenciaria. Elabora, por encargo de Jorge III, un modelo de cárcel (el Panóptico) en la cual se vigilara todo desde un punto, sin ser visto. Se basaba en la idea de que "Bastaría una mirada que vigile, y cada uno, sintiéndola pesar sobre sí, terminaría por interiorizarla hasta el punto de vigilarse a sí mismo." Si bien su modelo fue criticado, de alguna forma todas las cárceles, escuelas y fábricas a partir de aquella época se construyeron con el modelo panóptico de vigilancia.
El Panóptico estaba diseñado como un edificio circular en cuyo centro se encontraba una torre, la cual aparece atravesada por amplias ventanas que se abren sobre la cara interior del círculo. El edificio periférico está dividido en celdas, cada una de las cuales ocupa todo el espesor del edificio. Estas celdas tienen 2 ventanas: una abierta hacia el interior, que se corresponde con las ventanas de la torre y otra hacia el exterior que deja pasar la luz de un lado al otro de la celda. Basta pues situar un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda un individuo. Por medio del efecto contra luz se pueden captar desde la torre las siluetas de los prisioneros en las celdas de la periferia, proyectadas y recortadas en la luz. En la torre, se sitúa el vigilante que mirará constantemente o, al menos, esa será la idea que tendrán las personas que estén en las celdas.

11. Sistema de prisiones (Filadelfico y Aurbuniano)

Sistema Filadelfico o Pensilvanico: En Pensilvania  se construyeron prisiones de acuerdo con los ideales religiosos de William Penn, Líder de la Secta Quaequera.
Las características de este sistema eran las siguientes:
•   Se mantenían aislados a los reclusos en sus celdas durante todo el día con la intención de que recapacitasen y se arrepintieran de sus acciones delictivas.
•   Silencio absoluto y completa soledad, de modo que ninguno pudiera ejercer una mala influencia sobre los demás.
•   Se les permitía únicamente leer la Biblia y textos religiosos.
•   La incomunicación era total, tanto interna como externamente.
Este sistema presentaba las siguientes ventajas:
•   Completo orden en prisión.
•   Imposible evasión.
•   Evita el contagio criminal entre los reos.
•   Se mantenían muchos reclusos con poco personal.
•   Se podían recibir reos de todo tipo de peligrosidad.
El sistema  filadélfico fracasó, precisamente, por el carácter tan absoluto del aislamiento al que se sometía a los presos, dañándolos física y mentalmente y dificultando su posible reinserción social. La mayoría de los presos no comprendían las lecturas de la Biblia y terminaban volviéndose locos.
Sistema Auburniano o Neoyorquino: El capitán Elam Lynds creó este sistema, en la década de 1820, en la penitenciaría de Auburn, Nueva York.
En este método, aunque se mantenía el aislamiento nocturno, se permitía a los presos que convivieran durante el día para realizar diversas tareas comunes, como fabricar escobas o muebles, pero manteniendo siempre un estricto código de silencio.
Este sistema se caracterizaba por:
•   Trabajo común durante el día.
•   Silencio Absoluto durante el trabajo.
•   Castigo corporal si hablaban durante el trabajo.
Presentaba las siguientes ventajas:
•   Reducción del gasto por trabajo común.
•   Economía en la Constitución.
•   Atenuación de los efectos del aislamiento.
•   Impide la contaminación entre los reos por el silencio.
Este sistema fracasa debido a que los reos presentaban más tensión emocional y ansiedad; además del resentimiento que les provocaba el castigo corporal.

Bolilla 12. Problemas actuales de la Criminología

12. Diferencias entre Sexo y Género.

La distinción entre sexo y género parte de una serie de estudios por los cuales se distingue el concepto de sexo como una característica natural o biológica, y el concepto de género como una significación cultural que hace referencia a un conjunto de roles.
El sexo sería una clasificación de las personas como masculinas o femeninas en el momento del nacimiento, basada en características corporales biológicas como la dotación cromosómica, las hormonas, los órganos reproductores internos y la genitalidad. En cambio la identidad de género es la sensación interna, personal, que tiene cada persona acerca de si es un hombre o una mujer.
El género es el papel, rol o diferenciación creada por la sociedad. Los roles son construcciones sociales que establecen los comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera que debe de tener una persona dependiendo de su sexo.
Mientras que el sexo es algo que una persona no puede cambiar (aunque exteriormente sí lo haga, interiormente no), el género y roles de género van cambiando en cada sociedad.
 
13. Reglas de Brasilia. Víctimas vulnerables.

La Cumbre Judicial Iberoamericana ha considerado necesaria la elaboración de Reglas Básicas relativas al acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, para la defensa efectiva de sus derechos.
Las Reglas establecen las bases de reflexión sobre los problemas del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y, también, recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. No solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.
Las Reglas de Brasilia tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. Se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares. Asimismo se recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad.
Se consideran en condición de vulnerabilidad a aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, se encuentran en especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, la edad (niños, adolescente y ancianos); la discapacidad (deficiencia física, mental o sensorial); la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías (étnica, Ligüistica o cultural); la victimización (La víctima y su familia); la migración y el desplazamiento interno (Forzados a escapar de su hogar o residencia por conflictos armados); la pobreza, el género y la privación de libertad (ordenada por autoridad publica competente).
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Estas son las preguntas de los dos temas que tomaron en el primer cuatrimestre de 2017. Espero es sirva... Exitos

1. Astreintes. Comparación con la Indemnizacion por daños y perjuicios.
2. Cláusula Penal.
3. Obligaciones de Medios y de resultado.
4. Obligaciones Concurrentes y Solidarias.
5. Pago. Imputación de pago.
6. Pago. Principios del pago.
7. Mora del deudor.
8. Mora del Acreedor.
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Extinción de las Obligaciones
La extinción de las obligaciones se puede dar por hechos o actos jurídicos:
•   Pago
•   Compensación
•   Renuncia
•   Remisión de deuda
Pago
La figura que caracteriza a los medios extintivos es el Pago, el cual tiene 2 acepciones:
Vulgar: hace referencia a las obligaciones de dar dinero.
Amplio: decía Paulo en el Digesto, que se entiende por pago a cualquier medio de "solutio" (modo de extinción), aunque el Acreedor no se sintiera específicamente satisfecho.
En nuestro derecho, entendemos que es el cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación, ya sea que se trate de una obligación de hacer, de no hacer o de dar. La ley en general, suele extender el concepto de pago a la satisfacción del Acreedor.
El pago, en un sentido técnico estricto, es sinónimo de cumplimiento: pago es cumplir.
El crédito lleva en sí mismo el germen de su propia muerte, ya que desaparece en el momento en el cual se alcanza el cumplimiento de su fin.
Si bien el pago es un titulo o modo extintivo, debemos reconocer que sobresale con efecto como cumplimiento, porque si bien mediante el pago la obligación se extingue, es el único medio extintivo que satisface específicamente al Acreedor. El Acreedor logra satisfacer, agotar su expectativa hacia la prestación mediante el cumplimiento concreto, exacto del comportamiento debido por parte del Deudor.
Elementos del pago
Sujetos: Quien paga o "Solvens" y quien recibe el pago o "Accipiens".
¿Por qué no Acreedor y Deudor? Porque no necesariamente el Deudor es el que paga o el Acreedor es quien recibe el pago, ya que puede intervenir un tercero.
Objeto del pago: aquello que se paga mediante un acto que puede ser Positivo (cuando hablamos de obligaciones de dar o de hacer) o Negativo (obligaciones de no hacer).
Causa fuente: aquella en que la deuda anterior es la que antecede y determina el pago (Busso).
Causa fin: extensión de la deuda. Es el objeto que se orienta a los propios pagos, hechos espontáneamente.
Medios para obtener el pago
Siempre deben ser medios lícitos, por cuanto se va a dar la repetición.
Naturaleza Jurídica
Hay 3 teorías al respecto:
Teoría del mero acto lícito: necesitamos que el sujeto siga un fin jurídico, sin necesidad del mismo. Busca un simple resultado material. Sin embargo, esta caracterización no es adecuada porque los críticos de esta teoría sostienen que aquel que cumple una obligación está a derecho y, si está a derecho, estaría realizando un acto jurídico.
Teoría del acto debido: Carnelutti, seguido por Gali, hablan de actos permitidos o jurídicos; actos prohibidos o lícitos; impuestos o debidos; etc., en los cuales el sujeto no es libre de obrar o no obrar porque está constreñido (forzado, obligado) a hacerlo.
El pago es un acto impuesto, por lo tanto, es un acto debido que no tendrá en cuenta el fenómeno intencional, propio del acto jurídico, al tiempo de cumplir la prestación.
El sujeto decide libremente si va a obrar como debe, o si va a dejar de hacerlo. En el primer caso, está sujeto a su deber. En el segundo caso, asume la responsabilidad por no cumplir.
Crítica: no todo acto debido es pago.
Acto Jurídico: el pago es un acto jurídico. La naturaleza jurídica del pago es asignable "Strictu Sensu" a la de un acto jurídico, puede ser:
Unilateral: donde dice que en el formato del pago solo interviene la voluntad del Solvens y el Accipiens actúa como colaborador a la recepción del pago pero, en realidad, no integra el pago y a que el Deudor podrá hacer el pago por consignación.
Bilateral: No es bilateral porque falta el requisito que se da en los contratos (el cual da nacimiento a las obligaciones).
El requisito del "Animus Solvendi", el cual es la intención de pagar o de cumplir. Como consecuencia de que el pago en sentido estricto es un acto jurídico, tiene un fin inmediato y se dice que cuando se entregan bienes sin el animus, no hay pago.
ART. 865 C.C.C.: pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación.
ART. 879 C.C.C.: el Deudor tiene derecho a pagar. Si hay varios Deudores, el derecho de pagar de cada uno de ellos se rige por las disposiciones correspondientes a la categoría de su obligación.
El Deudor: es el sujeto pasivo en la relación jurídica obligacional. Es el sujeto activo del pago, pues es quien debe realizarlo. Pero, además del Deudor, pueden pagarlo otros sujetos: los terceros interesados y no interesados. De todos ellos, el Deudor y los terceros interesados, no solo podrán pagar sino que, además, tienen el "ius solvendi" (derecho a pagar).
Solo hay pago "Strictu Sensu" cuando el Deudor realiza espontáneamente el cumplimiento o un tercero obrando a cuenta del Deudor, resulta realizando la prestación.
Capacidad para pagar
Capacidad de hecho: es una exigencia jurídica que el Deudor sea capaz de hecho. Sin embargo, la incapacidad no impide que el pago se realice, ya que lo puede realizar su representante. No obstante, hay algunos incapaces habilitados para ciertos actos, por ejemplo: los menores que trabajan pueden pagar.
Capacidad de Derecho: es la genéricamente exigida para los actos jurídicos.
Terceros interesados: es quien no siendo Deudor puede sufrir un menoscabo en un derecho propio si no paga la deuda, por ejemplo: el fiador. Es decir, que se trata de un tercero que no es Deudor pero está interesado en el cumplimiento porque si no se cumple es pasible de sufrir u perjuicio y es por ello  que tendrá derecho a pagar. Ese derecho le permite vencer la oposición al pago que intente, formulado tanto por el Deudor como por el Acreedor o por ambos:
a. Oposición del Acreedor: es deber del Acreedor aceptar el pago hecho por un tercero, salvo que tenga un interés especifico en que lo haga el propio obligado.
b. Oposición conjunta entre el Acreedor y Deudor obligado: la doctrina sostiene que el pago por un tercero es admitido aunque se opongan conjuntamente el Deudor y el acreedor.
ART. 881 C.C.C.: la prestación también podrá ser ejecutada por un tercero, excepto que se haya tenido en cuenta las condiciones especiales del Deudor, o hubiere oposición conjunta del Acreedor y del Deudor.
Tercero interesado es la persona a quien en el incumplimiento del Deudor puede causar un menoscabo patrimonial, y puede pagar contra la oposición individual o conjunta del Acreedor y de Deudor.
Terceros No Interesados: son aquellos que no sufren un menoscabo alguno si la deuda no es pagada. Es carente del "ius solvendi", pero puede pagar aunque no tenga derecho.
El Tercero no interesado solo podrá pagar efectivamente si lo admite el Acreedor, no podrá realizar, sin embargo, el pago por consignación.
Efectos del pago
El ART. 880 C.C.C., establece que el pago realizado por el Deudor, que satisface el interés del Acreedor, extingue el crédito y lo libera. Es decir, que el pago extingue a la obligación y libera al Deudor obligado.
El ART. 882 C.C.C., establece que la ejecución de la prestación por un tercero no extingue el crédito. El tercero tiene acción contra el Deudor con los mismos alcances que:
a. El Mandatario que ejecuta la prestación con consentimiento del Deudor. (Mandato).
b. El gestor de negocios que obra con ignorancia de este. (Gestión de negocios).
c. Quien interpone la acción de enriquecimiento sin causa, si actúa contra la voluntad del Deudor. Puede también ejercitar la acción que nace de la subrogación por ejecución de la prestación por un tercero.
Deberes del Solvens
Quien paga está sometido a ciertos deberes, tales como la buena fe, es decir, según puede entenderse obrar con cuidado y previsión; actuando con fundamento y comunicación.
Legitimación Pasiva
El Acreedor es e sujeto activo en la relación jurídica obligacional y el sujeto pasivo en el pago. Es quien debe recibir el pago pero, además del Acreedor, pueden recibirlo otros sujetos, tales como los representantes, los tercero interesados, etc.
Capacidad (ART. 885 C.C.C.)
Hay diferentes situaciones:
Capacidad de hecho: el Acreedor debe ser capaz de hecho, con aptitud para administrar sus bienes, por lo tanto tendrán inaptitud: los incapaces de hecho con incapacidad absoluta (quebrado, concursado).
Ante la incapacidad del Acreedor, el Deudor puede realizar el pago por consignación.
Capacidad de Derecho: es la que se exige para todos los actos jurídicos.
Sujetos del pago
Un Sujeto Activo, que se denomina Solvens, que puede ser el Deudor, un tercero interesado o un tercero no interesado.
Un Sujeto Pasivo, denominado Accipiens¸ que también puede ser el Acreedor, un representante, un heredero.
Causa: debe haber una relación preexistente que origine la obligación de pagar.
Prestación: es el objeto del pago.
Todos estos elementos hacen que el pago sea completo.
Objeto del Pago
El pago debe cumplir determinados requisitos, conforme el ART. 867 C.C.C.:
1. Identidad (ART. 868 C.C.C.)
2. Integridad (ART. 869 C.C.C.)
3. Localización (ART. 873 C.C.C.)
4. Puntualidad (ART. 871 C.C.C.)
1. Principio de Identidad: el Acreedor no está obligado a recibir una cosa por otra, aunque ella sea de igual o mayor valor, porque el Deudor debe cumplir aquella con lo que se ha obligado.
Este principio no se aplica tan estrictamente en las obligaciones de dar cantidades de cosas u obligaciones de género.
El ART. 868 C.C.C., establece que el Acreedor no está obligado a recibir y el Deudor  no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor.
2. Principio de Integridad: el pago debe ser completo, debe abarcar todo lo que se debe. Si lo que se debe es capital más intereses, no se considerará pago, si no se pagan el capital más los intereses, salvo que el Acreedor diera recibo, imputándolo a capital, conforme el ART. 870 C.C.C.
a. Cuando las partes pactan un pago fraccionado (cuotas).
b. Cuando hay una deuda en parte líquida (que puede determinarse aritméticamente) y en parte ilíquida (sujeta a una liquidación posterior que determine cuanto se debe).
c. En los casos de imputación de pago, hay varias dudas entre Acreedor y Deudor y el dinero no alcanza para pagarlas todas.
d. Cuando los bienes del Deudor son insuficientes.
El ART. 869 C.C.C., establece que el Acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición legal o convencional en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deudor puede pagar la parte líquida.
3. Principio de Localización: se refiere al lugar donde debe ser hecho el pago. En principio, en el lugar donde lo establezcan las partes, ya sea en forma expresa o que surja tácitamente de la naturaleza de la obligación. Si no es así, el lugar de cumplimiento es el domicilio del Deudor al momento del nacimiento de la obligación.
Puede ocurrir que al momento del cumplimiento el Deudor se mude, entonces el Acreedor optará en donde quiere que se cumpla la obligación, si entre el domicilio nuevo o el anterior.
Este principio presenta las siguientes excepciones:
a. Cuando se trata de la entrega de un cuerpo cierto, el lugar de pago es donde se encuentra habitualmente.
b. En el caso de prestaciones recíprocas, el lugar de pago es aquel donde se debe realizar la obligación principal.
Sirve saber el lugar de pago para:
•   Saber si el pago es correcto.
•   El Acreedor no puede pretender que se le pague en un distinto ni tampoco el Deudor podrá incurrir en mora al Acreedor si pretende realizar un pago en otro lugar que no sea el que corresponde.
•   Sirve también para saber cuál es la ley aplicable.
•   Saber la competencia judicial en caso de controversia.
•   Saber cuál es la moneda en la que se van a manejar las partes, salvo que establezcan una moneda extranjera, la moneda será la de curso legal o forzoso del lugar de pago.
4. Puntualidad: las obligaciones deben ser pagados el día de su vencimiento (si está establecido por las partes.
Hay obligaciones de exigibilidad inmediata: son aquellas que no están sometidas a ninguna modalidad y puede ser exigida su cumplimiento o el Deudor querer cumplir desde el momento de su nacimiento.
Obligaciones a plazo: a plazo cierto, vencen el día de su vencimiento. La mora es automática.
Si es de plazo incierto, se requiere interpelación, al igual que si es de plazo tácito.
En la obligación sujeta a un plazo indeterminado, se deberá fijar el vencimiento por el procedimiento más breve que prevea la ley.
Obligaciones sin plazo.
Obligaciones a mejor fortuna: es un beneficio que se le da al Deudor para que pague recién cuando mejore su situación económica. Es un beneficio "intuito personae", que solo beneficia al Deudor y, si este muere, pasa a los herederos como pura  simple.
Si el Acreedor entiende que mejoró su fortuna, será el Deudor quien debe probar que sigue empobrecido.
El juez puede establecer: la fecha de pago su fraccionamiento, o hacer lugar a lo que expresa el Deudor.
Este beneficio se pierde:
a. Cuando el Deudor se muere.
b. Cuando el deudor entra en quiebra.
c. Cuando el Deudor renuncia a este beneficio.
d. Cuando el Deudor mejora su fortuna.
Requisitos de validez del pago
Para que el pago sea válido se requiere:
No debe ser en fraude de los demás acreedores: es decir, que el Deudor no puede pagar deudas ajenas y no pagar las propias o pagar aquellas no vencidas y dejar de pagar las que ya se vencieron. (ART. 876 C.C.C.)
Pago con un crédito: el crédito debe estar expedito, es decir, que no debe estar embargado ni prendado. (ART. 877 C.C.C.)
Pago con una cosa ajena: cuando la prestación sea la entrega de una cosa cierta que el pago debe ser propietario de la cosa con el cual paga. Esto era así en el Código Civil de Vélez, cambio en el Código Civil y Comercial ser permite que una persona se comprometa a la entrega de una cosa ajena, si luego no puede lograr que ese compromiso se dé en la práctica o por su culpa no se pueda entregar, deberá pagar por los daños y perjuicios. (ART. 878 C.C.C.)
Gastos del pago: Los gastos del pago son a cargo del Deudor, ya que el Acreedor debe recibir un pago íntegro.
Prueba del pago
(ARTS. 894, 895, 896, 898 C.C.C.)
•   En las Obligaciones de dar y hacer será que el Deudor tenga la carga de la prueba.
•   En las Obligaciones de No Hacer será el Acreedor quien deberá probar la transgresión del Deudor en cuanto a que violó la abstención que debía realizar el Deudor.
En principio, el pago se prueba por todos los medios de prueba, salvo en aquellas obligaciones que se generaron por escrito y requieran de la misma formalidad para acreditar que el pago se realizó.
El instrumento por excelencia es el recibo, el cual debe contener:
•   Fecha
•   Quién pago, en qué concepto y, si lo hace como Deudor o como tercero.
•   El valor de la prestación.
•   Qué obligación es la que se cancela.
•   La firma de quien recibe el pago.
•   El Código Civil y Comercial admite que el Acreedor debe consignar las reservas que haga el deudor, por ejemplo: "pago sin reconocer la deuda".
Efectos del pago
1. Necesarios: son aquellos que satisfacen al Acreedor y, a su vez, liberan la Deudor. Cuando el que paga es un tercero, se cancela la deuda pero no se libera al Deudor.
Cuando se le paga al Acreedor aparente, se libera al Deudor pero no se extingue la deuda.
Por el paso del tiempo se consignan efectos necesarios.
2. Accesorios: el reconocimiento de la obligación.
El que paga reconoce la existencia y eficacia de la obligación.
Interrumpe la prescripción.
Convalidación de una obligación invalida: si la obligación adolece de un vicio del cual se puede pedir la nulidad relativa, ya sea porque se contrajo cuando era menor de edad, por lo que cuando sea mayor se puede pedir la nulidad o sanearla. (realizar el pago).
Consolidación de un contrato.
Interpelación de las partes: las conductas que mantengan las partes en el momento del pago hacen presumir la exactitud de ese pago.
Estos efectos accesorios se dan si el que paga es un deudor que tiene capacidad, porque para el pago hecho por un incapaz solo se cumplirá con los efectos necesarios.
3. Incidentales: cuando el que paga es u tercero puede exigir el reembolso de lo dado en pago.
Cuando el que paga es un tercero  creyéndose Deudor, paga sin causa o paga con una cosa que no es la debida, corresponde la repetición.
Cuando se le paga al Acreedor aparente, de mala fe, existe una indemnización a favor del verdadero Acreedor.
El pago realizado sin respetar el embargo de un crédito será inoponible a los acreedores embargantes.
Efectos del pago realizado por un incapaz
A regla general es que el pago hecho a un incapaz es nulo de nulidad absoluta. Sin embargo, en algunos casos suele ser eficaz o válido, si el Acreedor era capáz al momento del nacimiento de la obligación y su incapacidad es sobreviniente. (Último párrafo, ART. 885 C.C.C.)
ART. 883 C.C.C.
c. Tercero Indicado: el pago debe ser echo a quien haya sido señalado para percibir el crédito. Se diferencia del mandatario porque éste tiene poder para recibir, en tanto el tercero indicado esta simplemente investido de la calidad para percibir (recibir). Esa cualidad de Accipiens surge de un derecho propio abstracto (Llambías) que posee el tercero indicado para recibir el pago; una vez que es designado, el Acreedor no podrá dejar unilateralmente sin efecto esa designación. El pago debe hacérsele a él aunque el Acreedor se resista. Sin embargo, si se ponen de acuerdo el Acreedor y el Deudor, podrá ser revocado.
d. Tenedor de título al portador: el pago debe ser hecho a quien posee el titulo del crédito (cheque, pagaré). Si fuese de pagarés al portador, salvo que sean casos de hurtos de grave sospecha de no pertenecer el título al portador.
Abarca directamente documentos propios del derecho comercial, cheque, pagaré, letra de cambio. El documento puede ser extendido al portador o haber sido endosado en blanco, sin indicar el beneficio, en cuyo caso el Deudor paga a quien presente el documento.
e. Acreedor Aparente: el pago hecho al que está en posesión del crédito es válido aunque el poseedor sea luego vencido en juicio sobre la propiedad de la deuda. Es decir, quien al momento del cobro revista ostensiblemente el carácter de Acreedor sin serlo.
Pago por consignación
El pago por consignación se da cuando el Deudor no puede realizar o cumplir con su obligación por una causa que no le es imputable. Al respecto, el ART. 904 C.C.C., presenta 3 situaciones:
a. Cuando se constituye en mora al Acreedor: el Deudor que quiere cumplir debe interpelar al Acreedor para que desista de su resistencia y colabore con el acto del pago.
No obstante, el ofrecimiento del pago realizado por el Deudor debe reunir todas las condiciones para que sea un pago exacto tal cual lo convenido por el Acreedor.
b. Cuando hay incertidumbre sobre la persona del Acreedor: por ejemplo, en los casos en que muere el Acreedor y no se sabe quiénes son los herederos.
c. Cuando El Deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable: es decir, por una causa ajena.
Requisitos
Conforme el ART. 905 C.C.C., el pago por consignación está sujeto a los mismos requisitos del pago.
¿Cómo se hace la consignación?
Se inicia la demanda y se hace el depósito judicial de lo que se debe dar en pago.
a. Si la prestación consiste en una suma de dinero: se realizará por medio de un deposito en un banco de la jurisdicción del tribunal que interviene, a nombre del la cuenta "X C/ Y S/Consignación" y a la orden del Juez.
b. Si se debe una cosa indeterminada: en el caso que el Acreedor sea moroso, el Deudor lo va a intimar para que realice la elección y, en caso de que no lo haga, el Juez autorizará al Deudor a realizar dicha elección. Realizada la elección, la obligación será de cosa cierta y el Juez intimará al Acreedor a recibirla.
c. Si se debe depositar algo perecedero o cuyo cuidado es muy oneroso: el Juez podrá autorizar la venta y se consigna lo obtenido por ella.
d. Si se debe entregar una cosa cierta: la consignación se hace mediante intimación judicial; a partir de allí, el Deudor queda desposeído de la cosa judicialmente, aunque materialmente la siga teniendo y los riesgos de la cosa quedan a cargo del Acreedor.
e. Si se debe consignar un contrato: por ejemplo, de alquiler y se quiere devolver la tenencia del inmueble, se consignarán las llaves del mismo.
Efectos de la consignación (ART. 907 C.C.C.)
Si la sentencia hace lugar a la consignación, diciendo que el pago era correcto, tendrá efectos al momento del depósito.
Si el pago era defectuoso y el Acreedor tenía razón, tendrá efectos la consignación desde el momento de la sentencia por o que el Deudor cargará con los intereses desde el momento en que debió realizar el pago.
El Código Civil y Comercial trae una novedad que es la Consignación Extrajudicial, que se puede dar solo en las obligaciones de dar sumas de dinero. Se debe notificar al Acreedor el día, fecha, hora, los datos del Escribano y la dirección del lugar en donde se hará el depósito. Una vez realizado, el Escribano tiene 48 hs. para notificar al Acreedor y, si no puede hacerlo, el Deudor deberá recurrir a la consignación judicial.
Si el escribano logra notificarlo, el Acreedor tiene 5 días para:
a. Aceptar el procedimiento y retirar el depósito: estando a cargo del Deudor el pago de los gastos y honorarios del Escribano.
b. Rechazar el procedimiento y retirar el depósito: estando a cargo del Acreedor los gastos y honorarios del Escribano.
c. Rechazar el procedimiento y el depósito o No expedirse: en ambos casos, el Deudor puede disponer de la suma depositada para consignarla judicialmente.
Derechos del Acreedor que retira el depósito
Si el Acreedor retira lo depositado y rechaza el pago, puede reclamar judicialmente un importe mayor, considerarlo insuficiente o exigir la repetición de lo pagado por gastos u honorarios por considerar que no encontraba en mora, o ambas cosas. En el recibo debe hacer reserva de su derecho, de lo contrario se considera que el pago es liberatorio desde el día del depósito. Tiene un plazo de 30 días para iniciar demanda contra el Deudor para iniciar demanda, pasado ese lapso, pierde el derecho.
Imputación del pago
Se da el caso de la existencia de varias deudas de la misma naturaleza, entre e Acreedor y el Deudor, y en todas las obligaciones estos ocupan igual posición y el dinero no alcanza para saldar todas las obligaciones, al momento de realizar el pago, es el Deudor quien tiene el derecho a imputar el pago para alguna de las obligaciones, debiendo recaer la elección primero sobre las deudas liquidas y de plazo vencido. Si se adeudan capital más intereses, el pago no puede ser imputado a la deuda principal sin el consentimiento del Acreedor.
Si el Deudor no ejerce su facultad de imputar el pago, está pasará al Acreedor al momento de recibirlo.
Tanto el Deudor como el Acreedor deben comunicarle a la otra parte como fue imputado el pago. Si ninguno o hace, la imputación se hace por ley: se imputará a la deuda que resulte más onerosa al Deudor, ya sea porque tiene intereses altos o porque tiene una cláusula penal abultada. Si son todas iguales se imputa a prorrata.
Pago por Subrogación (ARTS. 914 al 920 C.C.C.)
El pago por Subrogación transmite al tercero que paga todos los derechos y acciones del Acreedor.
La Subrogación puede ser: 
a. Legal: tiene lugar a favor:
Del que paga la deuda a la que estaba obligado con otros o por otros.
De tercero, interesado o no, que paga con asentimiento del Deudor o en su ignorancia.
Del tercero interesado que paga aun con la oposición del Deudor.
Del heredero con responsabilidad limitada que paga con fondos propios una deuda del causante.
b. Convencional:
Convencional por el Acreedor: en la cual el Acreedor y el tercero que paga acuerdan, al momento de realizar el pago transmitirle a este tercero todos los derechos y garantías que tenía el Acreedor primitivo. Se le debe informar al Deudor para que sea oponible frente a terceros y se lo debe hacer por escrito.
Convencional por el Deudor: es el caso en el cual el Deudor acuerda con un prestamista que con los fondos de ese préstamo se pagará la deuda que tiene el Deudor. Debe hacerse por escrito y es el instrumento del préstamo debe constar que los fondos son para pagar cierta deuda. En el recibo de pago debe constar que se pagó con fondos de ese préstamo y tanto el pago, como dicho préstamo deben tener fecha cierta.
Efectos de la Subrogación
El Subrogante solo puede reclamar lo que efectivamente pagó. En el caso de un codeudor que pago el total de la deuda que estuvieren obligados solidaria o concurrentemente, solo puede reclamar la parte que le corresponde pagar.
Cesión de bienes
La cesión de bienes puede darse cuando un deudor, ya concursado o quebrado, ofrece como propuesta a sus Acreedores la cesión total o parcial de sus bienes.
En principio, el Deudor quedaba obligado con todos los bienes que tuviere o adquiriera en el futuro, por cualquier saldo impago que debiera cubrir.
Con la sanción de la Ley 11.077 se le permitió al Deudor dejar liberados los bienes que adquiriera posteriormente, otorgándose la rehabilitación.
La Ley 19.551 lo contemplaba específicamente como un ofrecimiento que podía realizar el Deudor a sus Acreedores, de la quita, la espera o la cesión global o parcial de los bienes.
En la Ley 24.522 no se encuentra la cesión de bienes, sino que habla de la quita, espera cualquier otro acuerdo que puedan celebrar el Deudor con el Acreedor.
Dación en pago (ARTS. 942-943 C.C.C.)
La Dación en pago se da cuando el Acreedor acepta voluntaria ente como pago una prestación diferente a la debida.
Elementos
•   Una obligación válida.
•   La entrega de un objeto diferente.
•   Consentimiento de las partes.
•   Capacidad para hacerla.
•   Animus Solvendi (Intención de cumplir).
¿Cómo rige este acuerdo?
Este acuerdo se reirá por el contrato que les resulte aplicable. Por ejemplo: si lo que se entrega es un crédito, rige por las mismas normas de la cesión de crédito; si en cambio, le entrega una cosa, se rige por la norma de la compra venta.
¿Qué pasa si el Acreedor resulta perjudicado por ser desposeído de la cosa que recibió en pago?
El Acreedor n puede hacer renacer la obligación original por la garantía de evicción (existencia de legitimidad de lo que se transmite). Sin embargo, podrá pedir indemnización por daños y perjuicios, lo mismo en el caso de vicios ocultos o redhibitorios (vicios que hacen a la cosa impropia para su destino).
En el Código de Vélez, la dación en pago no permitía que fuera dinero. Sí, una cosa en sustitución de otra que no fuera dinero, en razón de a cosa que se debía dar o del hecho que se debía prestar.
Novación (ARTS. 933 al 941 C.C.C.)
La novación es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva, destinada a reemplazarla.
Elementos
•   Requiere la existencia de una primitiva obligación válida.
•   Animus Novandi.
No habrá novación
No se puede novar una obligación nula de nulidad absoluta, pero sí se puede, en cambio, una obligación de nulidad relativa cuyo vicio se sanea al momento en que se produce la novación.
No se puede novar una obligación condicional, sujeta a una condición suspensiva, si el hecho condicionante no se produce, así como tampoco una obligación sometida a una condición resolutoria s el hecho se produce.
En caso de duda, se presume que la nueva obligación contraída para cumplir la anterior no causa la extinción.
Novación por cambio de Deudor: Se da en los casos de delegación, cuando el Deudor concierta con un tercero que se va a hacer cargo de la deuda. Se requiere el consentimiento del Acreedor para que proceda; ya que si el Acreedor no libera al Deudor es una Delegación Simple, en cambio que si el Acreedor libera al Deudor estamos ante una Delegación Novativa o Perfecta. También puede ocurrir la Expromisión, la cual se da cuando el Acreedor acuerda con un tercero e pago de la obligación, el Acreedor puede dejar de lado al Deudor y, en ese caso, es una Expromisión Novativa. Si no lo deja de lado es una Expromisión Simple.
Novación por cambio de Acreedor: se requiere el consentimiento del Deudor. Si este consentimiento no es prestado, habrá cesión de crédito. No es muy usual ya que se requiere el consentimiento del Deudor, por lo tanto si se transmite un crédito lo hace a través de la figura de la cesión de derechos.
Novación Objetiva: se da cuando se cambia el objeto, causa o condiciones esenciales. Por ejemplo: cambio una mesa por dinero o doy en comodato gratuito un inmueble y cambiamos por un contrato de locación.
ART. 935 C.C.C.: establece que la instrumentación por medio de documentos no significa Novación. Para que la nueva obligación conserve las garantías, el Acreedor debe hacer expresa reserva de las mismas para que pasen a la nueva obligación, pero siempre y cuando pasen esas garantías a la nueva obligación si participa del acuerdo novatorio aquél que las constituyó.
La capacidad requerida para contratar y si es a través de un apoderado se requiere un poder especial para novar la obligación que hayan sido generadas con anterioridad al momento quue se inicia el mandato.
Efectos
La novación extingue la obligación originaria con sus accesorios, pasando las garantías a la nueva obligación solamente si quien las constituyó participó en el acuerdo novatorio.
Renuncia  (ARTS. 944 AL 949 C.C.C.)
La renuncia es un medio de extinción que, de algún modo, significa abdicar, abandonar desistir o dejar.
La renuncia de derechos en general está plasmada en al ART. 13, TÍTULO PRELIMINAR C.C.C., el cual establece que está prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos de la Ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba.
La norma citada contempla dos posibilidades en las que se dividirá el orden público:
1. La primera destituye de toda eficacia a la renuncia general de las leyes, porque está claro que nuestro régimen organizativo se funda en la libertad de cada uno y la libertad es un principio. Es decir, que todos los habitantes gozan de la protección y los beneficios que las leyes acuerdan.
2. En segundo lugar, contempla la renuncia de ciertos efectos de las leyes en el caso particular, lo que queda autorizado con las ventajas que proporciona y solo miran al interés particular o individual.
La renuncia en sentido amplio, es el abandono, abdicación o pérdida de un derecho, sin que corresponda una ventaja jurídica. Es característica la "dejación" de derechos en general y no la traslación o transmisión de los mismos.
En sentido estricto, la renuncia se refiere a la abdicación de los Derechos de crédito del Acreedor y la consiguiente extinción de la obligación.
Caracteres
Para algunos autores es unilateral, porque hay un sujeto titular que se desprenderá de un derecho pero no lo transmite. Es un acto unilateral de voluntad.
Es siempre abdicativa de los derechos y no traslativa, aunque esta situación lleve al incremento patrimonial de otros.
Se discute si la renuncia es a título gratuito o a título oneroso. Otros autores sostienen que debe ser considerado como algo neutro.
La renuncia no se presume, la interpretación es restrictiva. Ante la duda debe entenderse que no ha renuncia.
ART. 945 C.C.C.: considera que la renuncia puede efectuarse por actos entre vivos o por disposiciones de última voluntad. A su vez, la renuncia realizada por actos entre vivos puede ser a título gratuito o a título oneroso.
En cada caso rigen distintos distintas disposiciones con relación a la capacidad de las partes, la renuncia a título gratuito se rige por las reglas de la donación, mientras que la renuncia a titulo oneroso, se asimila a los contratos onerosos y se rige por las mismas reglas que éstos.
ART. 946 C.C.C.: el efecto propio de la renuncia es la extinción del derecho, que se ha dejado y que también conlleva a los accesorios (fianza, hipoteca).
Estos efectos se circunscriben entre las partes, es decir, quien la otorga y quien se beneficia con ella.
La renuncia no puede afectar a terceros, si lo hace, estos, en la medida de qué interés puede accionar en protección de sus derecho, mediante la acción revocatoria.
Contrario a la necesidad de la aceptación de la renuncia que dispone el ART. 946 C.C.C., hay quienes manifiestan que basta (Alcanza) con el acto de abandono por parte del Acreedor para que la renuncia quede perfeccionada.
ART. 947 C.C.C.: establece que la renuncia puede ser retractada (revocada), siempre que no haya sido aceptada, quedando a salvo los derechos adquiridos por terceros.
Prueba (ART. 948 C.C.C.)
¿Cómo se prueba?
En cuanto a su forma, la renuncia puede ser Expresa o Tácita, pero es regla que no se presume. Solo debe admitirse que existe la renuncia de un derecho cuando surja de la palabra o actos que no dejen lugar a dudas de que se está renunciando.
En cuanto a la interpretación, solo puede entenderse que hay dejación de los derechos que el autor tuvo en miras de renunciar sin propagar a otros, aun cuando estén estrechamente relacionados.
Restrictiva: en caso de duda, no ha existido renuncia.
ART. 949 C.C.C.: la renuncia no está sujeta a una forma en especial, ya que tiene libertad de formas. Puede probarse por instrumento público o privado, pero hay casos en que la ley exige que la renuncia se realice en forma expresa. Por ejemplo: ART. 2299 C.C.C. (Renuncia de la herencia); ARTS. 836 Y 837 C.C.C. (Extinción de la solidaridad).
Remisión de la deuda
La remisión es una de las formas particulares de renunciar al derecho creditorio por parte del Acreedor. Puede ser total o parcial y trae como consecuencia la liberación del Deudor.
El ART. 950 C.C.C., establece que se considera remitida la deuda cuando el Acreedor le entrega de forma voluntaria al Deudor el documento original en que consta la deuda, salvo prueba en contrario. Si dicho instrumento es un documento protocolizado y su testimonio o copia está en manos del Deudor sin que tenga anotado el pago o remisión, y tampoco ello conste en el documento original, el Deudor deberá probar que el Acreedor le entregó el testimonio de la copia como remisión de deuda.
Naturaleza jurídica
Para algunos autores es un acto jurídico bilateral dentro de un modo de extinguir las obligaciones, más general, como lo es la renuncia.
El considerarlo un acto jurídico bilateral es lo que diferencia a la remisión de deuda de la renuncia, ya que esta última es unilateral.
Forma
Al igual que la renuncia, la remisión es un acto no formal, ya que la manifestación de la voluntad puede ser:
Expresa: cuando el Acreedor manifiesta positivamente su voluntad de abdicar su derecho creditorio mediante signos inequívocos.
Tácita: cuando puede inducirse de ciertos actos que no van a dejar dudas entre el Acreedor y el Deudor.
La remisión por entrega de un documento original del Acreedor al Deudor, donde consta la deuda, se entiende que si lo está entregando ya no va a pretender cobrarlo. Es importante que la entrega del documento al deudor se haya realizado personalmente por el Acreedor o por medio de un representante con poder suficiente.
ART. 260 C.C.C.: habla del acto voluntario, y establece que es aquel ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior.
La entrega de la copia o testimonio de un documento protocolizado contempla el caso en que el Deudor que tenga una copia o testimonio del documento protocolizado donde consta la deuda y se da la circunstancia que la copia o testimonio con intención de remitir la deuda y, en este caso, extinguir la obligación.
ART. 951 C.C.C.: establece que las disposiciones sobre la renuncia se aplican a la remisión de la deuda hecha por el acreedor.
Efectos
El ART. 952 C.C.C., dice que la remisión de la deuda produce los mismos efectos del pago. Sin embargo, la remisión a favor del fiador no aprovecha al Deudor. La hecha a favor de uno de varios fiadores no aprovecha al Deudor. La hecha a favor de uno o varios fiadores no aprovecha a los demás.
Produce la extinción de las obligaciones y se libera al Deudor.
La extinción con respecto a la obligación con fianza: como consecuencia de la interdependencia entre la obligación principal y la accesoria, la extinción de la obligación principal provoca la extinción de la accesoria.
En el caso de la extinción que libera al Deudor también libera al fiador, pero no inversamente.
Pluralidad de fiadores: si la remisión es afectada por el Acreedor respecto de uno solo de los fiadores, la misma no aprovecha (alcanza) a los demás.
Compensación
La Compensación  sucede cuando dos personas por derecho propio reúnen recíprocamente la calidad del Acreedor y Deudor. Cualquiera sea la causa de una y otra deuda. Extingue con fuerza de pago hasta donde alcance la menor y, desde el momento en que ambas deudas se encuentren en estado de ser compensables. Por ejemplo: si "A" debe $100 y  el "B" debe $70, "A" deberá compensar por $30.
Naturaleza jurídica de la Compensación
Para algunos autores se trata de un "Pago ficticio". Otros, en cambio, hablan de una "Convención Liberatoria", lo cual no es acertado porque existe la compensación legal. Por último, están los que afirman que se trata de "Abstenciones Recíprocas" donde ambos se abstienen de pagar lo que deben.
Tipos de Compensación
1. Compensación Legal: para que se de este tipo se deben dar ciertos requisitos:
Ambas deben ser Obligaciones de dar.
Los elementos deben ser homogéneos entre sí (fungibles). Por ejemplo: dinero.
Los créditos deben ser exigibles y disponibles, no deben estar embargados, no tiene que tener un tercero derechos sobre eses crédito (cedido).
2. Compensación Voluntaria: convencionalmente las partes acuerdan compensar los créditos. El ART. 929 C.C.C. establece que la compensación puede ser excluida convencionalmente. Es decir que ambas partes pueden convenir (acordar) no hacer valer la compensación, por ejemplo: "A" debe pagar $100 y "B" debe pagar $70, no compensan por los $30 de diferencia y ambos pagan sus respectivas deudas.
3. Compensación Facultativa: solo una de las partes la puede invocar, aquella que resulte beneficiada por la falta de un requisito para que se produzca la Compensación legal. Por ejemplo: La deuda de "A" vence hoy y la de "B" en un mes, "A" será quien puede solicitar esta compensación.
4. Compensación Judicial: es aquella que resulta de la sentencia. Una de las partes peticiona a través de una demanda y la otra, al contestar, reconviene porque entiende que el demandante tiene una deuda para con él.
Hay obligaciones que no son compensables, por ejemplo:
•   Los alimentos.
•   Las obligaciones de hacer o no hacer.
•   Las obligaciones de particulares con el Estado.
•   Las obligaciones de pagar daños y perjuicios, cuando no se puede devolver la cosa de la cual el propietario o poseedor legítimo fue despojado, se trata de evitar la justicia "por mano propia".
•   Las deudas en el concurso o quiebra a favor de la masa de los Acreedores, salvo que la ley disponga lo contrario.
•   La deuda que debe abonar el depositario para el caso que no pueda entregar la cosa depositada, si bien es una deuda de hacer por lo tanto no puede compensarse.
¿Qué pasa en el caso de las obligaciones solidarias o concurrentes? Si un Deudor compensa la deuda en forma total o parcial con un Acreedor beneficia a todos en la medida en que satisfaga el Acreedor.
En caso de existencia de un Fiador, este puede compensar con el Acreedor. Si un deudor subsidiario compensa la deuda del Deudor Principal, el Deudor no podrá compensar la deuda que tenga el Acreedor con el fiador.
En el caso de una deuda indivisible, por ejemplo,  "A" puede compensar pero los demás quedaran obligados por el total.
Confusión
La confusión se da cuando convergen en la misma persona la calidad de Deudor y Acreedor que corresponden a una única deuda y a un mismo patrimonio. Esto se da, ya sea "mortis causa", cuando el Deudor resulta ser el heredero del Acreedor; o cuando un Tercero resulta ser heredero del Acreedor y el Deudor; o por actos entre vivos, cuando al Deudor cedido se le transfiere un crédito y resulta ser a la vez Deudor cedido y Cesionario, o también a través de la circulación de un cheque.
Naturaleza Jurídica
En el Código de Vélez se hablaba de que era más un medio de paralización que de extinción, porque establecía que si las calidades de Acreedor y Deudor se volvían a separar, la obligación renacía con todos sus accesorios. Este nuevo Código lo califica como un verdadero medio de extinción y para el hipotético caso que se separen esas calidades estaríamos frente a una nueva obligación.
Clasificación
1. Total o Parcial: por ejemplo, cuando el heredero no es único, ya sea  Acreedor o Deudor, la confusión se produce conforme a su cuota parte dentro de la herencia.
En las obligaciones mancomunadas y divisibles, cada uno confunde su parte.
En las Obligaciones solidarias confunde solo el Deudor, pero beneficia a los demás, igual que en las obligaciones concurrentes.
En las obligaciones indivisibles, la persona que confunde queda afuera pero los demás siguen debiendo el objeto compacto.
Transacción
Transacción es un vocablo que se utiliza para las operaciones comerciales. Por ejemplo: operación de bolsa. En el sentido técnico, la transacción es un contrato celebrado entre las partes para evitar o poner fin a un litigio, haciéndose concesiones reciprocas, extinguiendo obligaciones litigiosas o dudosas. Ambas partes conceden sus derechos.
Se caracteriza porque:
•   Es un contrato bilateral.
•   Es oneroso, ya que ambos sacrifican parte de sus derechos.
•   Es de interpretación restrictiva, es decir que lo no está en el texto del acuerdo no se presume.
•   Es un contrato consensual, que se perfecciona con el solo consentimiento. Este nuevo Código está regulado dentro de la parte de los contratos, a diferencia del Código de Vélez que lo tenía como un medio de extinción. Se sigue tratando dentro de nuestra materia porque es un contrato que extingue la obligación.
Objeto
•   Determinado o determinable.
•   Lícito y posible.
•   No debe ser contrario al orden público, la moral y las buenas costumbres.
Capacidad
Se requiere capacidad para contratar y se debe disponer del bien o del derecho que sacrifica. No pueden realizar transacciones aquellos que no pueden enajenar bienes, como por ejemplo, los concursados y los quebrados. Así como tampoco los tutores o Curadores con respecto a la Administración de los bienes de sus Pupilos o curados.
Si la transacción tuviere alguna cláusula anulable que no fuera esencial en el contenido total del instrumento, el Juez puede declarar la nulidad de esas cláusulas pero la transacción resulta válida. Distinta era la situación en el Código de Vélez en el que se entendía que la transacción era indivisible y no se aceptaba la nulidad parcial, en el Nuevo Código se acepta cuando no es algo esencial en el acto jurídico (ART. 389 C.C.C.)
En las Obligaciones litigiosas (en juicio) la transacción para ser válida debe ser presentada en el expediente en el que se lleva a cabo la tramitación de la contienda. Tanto en Provincia como en Capital, cuando iniciamos un juicio, tenemos una primera etapa que se refiere a la mediación, estos acuerdos firmados por el mediador también en caso de incumplimiento se pueden ejecutar.
Efectos
•   Efecto obligatorio: si las partes no cumplen el Acreedor puede recurrir a todos los medios legales que tiene (embargo).
•   Tiene efecto de cosa juzgada. Antes con el Código de Vélez se requería la homologación por parte de un Juez, pero en este nuevo Código, la homologación no es necesaria, ya que la transacción por sí sola tiene ese efecto sin serlo (cosa juzgada).
•   Efecto extintivo: extingue las obligaciones y existe una renuncia por parte de los intervinientes o cada una de las partes a sus pretensiones, las que no podrán hacer ningún reclamo posteriormente.
•   Efecto Declarativo: la transacción no transmite nada, solo declara la existencia de derechos, por eso no se responde por la garantía de evicción ni por vicios redhibitorios.

Nulidad de la Transacción
La Transacción es nula cuando la obligación que estamos transando es de nulidad absoluta. En cambio, si es nula de nulidad relativa y las partes en el acto de la transacción la confirman, esta es válida.
También será nula cuando una de las partes invoca su derecho en función de títulos inexistentes o ineficaces, lo mismo si una de las partes ignoraba que el titulo es mejor de lo que creía y, cuando hay una sentencia firme respecto del objeto que se está transando.
Si existen diferencias aritméticas, en las que se haya incurrido por error, se salvará la transacción.
Imposibilidad de cumplimiento
Opera la Imposibilidad de cumplimiento, cuando la imposibilidad sobrevenida objetivamente, causada por caso fortuito  fuerza mayor, exime al Deudor del cumplimiento.
Cuando es por culpa del Deudor, la obligación se transforma en el pago de daños e intereses por parte del Deudor.
Cuando es temporaria se extingue la obligación, al igual que en las obligaciones de plazo esencial y cuando frustra irreversiblemente el interés del Acreedor.
Prescripción
La Prescripción es el medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el paso del tiempo.
La Prescripción Liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho de que quien la entabla ha dejado por un tiempo de intentarlo o de ejercer el derecho al cual ella se refiere. (Vélez)
Elementos
•   Paso del tiempo.
•   Inacción del titular.

Características

•   Es un instituto de orden púbico. Está comprometido el orden público en que las relaciones no perduren en el tiempo.
•   No se puede oponer de oficio por parte del Juez. Debe ser invocado por el Deudor.
•   Es de interpretación restrictiva. En caso de duda se va a estar a favor de la vida de la obligación.
•   Es una defensa sustancial, regulada por el Código Civil y Comercia, aplicable a todas las relaciones existentes en el territorio.
La prescripción se puede dar como una excepción que opone el Deudor pero también se puede iniciar como una acción cuando queremos que haya certidumbre acerca de algunas deudas.
¿La Prescripción extingue la acción o el Derecho?
En el Código de Vélez se entendía que la prescripción solo extinguía la acción y la obligación pasaba a ser una obligación natural.
En el Código Civil y Comercial, como una característica de la definición de obligación es la coercibilidad, se extingue también el derecho, es decir, que se entiende que se extinguen ambos.
¿Quiénes pueden prescribir?
Todas las personas pueden prescribir a favor o en contra, salvo disposición legal en contrario.
¿Se puede renunciar a la prescripción?
No se puede renunciar a la prescripción futura porque el orden público está interesado en que las obligaciones tengan un plazo para ser reclamados.
Sí se puede reclamar a la prescripción ganada pero sebe ser una persona con capacidad, atento a que se trata de un acto de disposición e, incluso, si se perjudica a terceros, ellos pueden iniciar acciones o subrogarse.
Sí se puede acordar la abreviación o extinción de los plazos, pero no se puede porque están comprometidos todos los intereses de la comunidad.
Todas las acciones son prescriptibles pero hay algunas que no, por ejemplo:
•   Las acciones de estado (cuando se quiere saber la identidad).
•   La acción de división de condominio.
•   La utilización de muros contiguos es imprescriptible, pero el crédito por medianería es un prescriptible.
•   La acción reivindicatoria.
•   La acción de nulidad absoluta es imprescriptible.
•   La acción para obtener una servidumbre de paso que se encuentra encerrada por los fondos linderos y que no tiene salida a la vía pública.
•   La acción de deslinde cuando los límites están confundidos entre dos fundos.

Suspensión e interrupción de la prescripción

La prescripción se puede suspender o se puede interrumpir.
La suspensión se da cuando el tiempo empezó a correr y se da una causal de suspensión, durante el tiempo que dura dicha causal la prescripción no corre y, cuando ésta termina continua a correr el tiempo de prescripción que se suma al anterior. La interposición borra los efectos de la prescripción que venía corriendo y comienza a correr de nuevo.

Causales de suspensión

•   La intimación fehaciente al Deudor, apropiada, categórica suspende la Prescripción durante 6 meses.
•   El pedido de mediación: se suspende desde el momento en que se le notifica al Deudor la fecha de la audiencia hasta 20 días después del acto de cierre firmado por el mediador.
•   Las acciones que tengan los padres, tutores o curadores con los hijos y curados, mientras dure la responsabilidad parental (patria potestad), la tutela o la curatela.
•   Las acciones que existan entre la persona jurídica y sus directores, representantes e integrantes de las organizaciones de fiscalización, mientras duren en el cargo.
•   El heredero que resulte ser administrador de la sucesión con respecto a las deudas que tenga con el causante.

Causales de interrupción

•   El reconocimiento: el deudor admite estar obligado con respecto al Acreedor. Debe ser claro, por escrito. Si es tácito, deben ser hechos que hagan conocer con certidumbre la existencia de la voluntad.
•   La petición judicial: cualquier acción que inicie el Acreedor, aunque sea en un tribunal que resulte incompetente o no individualice totalmente al demandado, o el pedido de medidas preparatorias, cautelares, todo lo que haga acreditar que está activo.
El Código Civil y Comercial dice que se puede hacer la petición hasta el "plazo de gracia" inclusive.
•   Arbitraje: si el Acreedor se somete a la posibilidad de hacer valer sus derechos y solicita un arbitraje también interrumpe la prescripción.

¿Desde cuándo corre la prescripción?
El principio general dice que comienza a correr desde el momento en que se torna exigible, por ejemplo: cuando se trata de rendición de cuentas, la prescripción empieza a correr desde el momento en que se debían rendir o desde que la persona que debía hacerlo cesó en su cargo.
Cuando hay intermediarios, corre desde que concluye la actividad.
Si el crédito tiene un plazo indeterminado, la prescripción comenzará a correr a partir de que ese plazo de determine.
El nuevo código extendió y acortó algunos plazos:
•   La prescripción genérica es de 5 años. (ART. 2560 C.C.C.)
•   El reclamo de indemnización es de 3 años.
•   La Prescripción tiene un plazo de 2 años cuando se pide la nulidad relativa, acciones de transporte, acción de subrogación y todo lo que se rige por plazos periódicos.
•   La revocación por ingratitud del donante. (ART. 2562 C.C.C.)
•   Prescriben al año: el reclamo por vicios redhibitorios; las acciones posesorias; el reclamo contra el constructor por responsabilidad por ruina total o parcial, siempre que se trate de obras destinadas a larga duración; los reclamos procedentes de cualquier documento endosable o al portador, cuyo plazo comienza a correr desde el día del vencimiento de la obligación; los reclamos a los otros obligados por repetición de lo pagado en concepto de alimentos; la acción autónoma de revisión de la cosa juzgada. (ART. 2564 C.C.C.).

Dispensa de la Prescripción corrida

El ART. 2550 C.C.C., dispone que "el juez puede dispensar (eximir, perdonar) de la prescripción ya cumplida al titular de la acción, si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la acción, y el titular hace valer sus derechos dentro de los seis meses siguientes a la cesación de los obstáculos.
En el caso de personas incapaces sin representantes el plazo de seis meses se computa desde la cesación de la incapacidad o la aceptación del cargo por el representante. Esta disposición es aplicable a las sucesiones que permanecen vacantes sin curador, si el que es designado hace valer los derechos dentro de los seis meses de haber aceptado el cargo".
En otras palabras: se dispensa de la prescripción corrida ante dificultades de hecho o maniobras dolosas:
Definición de hecho: hace referencia a quien necesita legitimación judicial para obrar.
Hay 6 meses posteriores al momento en que cesa la incapacidad o se nombra un representante o no se sepa con certidumbre quien debe iniciar la acción.
Quien realice hechos con intención de no permitir iniciar una acción y, ello pueda acreditarse, también son 6 meses.

Fuentes de las obligaciones

No hay obligación sin causa , es decir, que debe existir un hecho idóneo que provoque el nacimiento de la obligación, de conformidad con el ordenamiento jurídico.
En el derecho romano, teníamos como fuentes el delito y el cuasidelito. Cuando Roma se extendió y comenzaron a comerciar con diferentes pueblos surgió el contrato. Justiniano, en sus institutos le agregó el Quasicontrato, el cual es una figura híbrida, que tiene los mismos efectos del contrato pero sin acuerdo de voluntades, pero le agregó como fuente la equidad.
El Código Civil y Comercial sistematiza las nuevas fuentes modernas en: el contrato, la Responsabilidad Civil (Incluídos delitos y Cuasidelitos), la Gestión de negocios, el empleo útil, el enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de voluntad y los títulos, valores (cheque, pagaré).

Contrato

Es el acto jurídico por el cual dos o más partes, manifestando su consentimiento, crean, regulan, modifican, transfieren o extinguen relaciones jurídicas patrimoniales.
En principio, existe la libertad de contratar por parte de quienes acuerdan, siempre que no afecten la moral y las buenas costumbres.
La ley será supletoria de la regulación de ese contrato, salvo que se trate de leyes indispensables como, por ejemplo, los contratos de consumo, los contratos laborales.
Tiene efecto obligatorio el contrato entre las partes, no puede ser modificado sin el acuerdo de ambas partes. Tampoco puede ser modificado por el Juez, salvo cuando se trate de cláusulas abusivas que perjudica a alguna de las partes y debe existir le Buena Fe tanto al celebrar el Contrato como al ejecutarlo. Es un principio rector, que surge del ART. 9 C.C.C.
Está establecido por el ART. 961 C.C.C., que "los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor."

Responsabilidad Civil

Dentro de ella encontramos:
El Delito: Vélez lo definía como "todo hecho ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro".
El Código Civil y Comercial lo define como "todo hecho ejecutado de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos". Este nuevo Código le dio lugar al dolo eventual: sé que puedo generar un daño y prosigo.
Cuasidelito: son "ilícitos culposos". Son todos los hechos que se producen cuando no se emplea la diligencia debida sobre la naturaleza de la obligación y la circunstancia de persona, tiempo y lugar (Culpa).
Gestión de negocios: cuando una persona realiza oficiosamente un negocio ajeno, con un interés razonable, sin intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizado ni obligado, ni legal ni convencionalmente.

15
Responsabilidad
ART. 1708 C.C.C., Funciones de la responsabilidad. Las disposiciones de este título son aplicables a la prevención del daño y a su reparación.
Responsabilidad                       Responsable                  Responder
Antijuricidad                                                                       "Dar cuenta"
Factor de atribución                                                          "Hacerse cargo del daño causado"     
Daño
Relación Causal
1. Antijuricidad: ART. 1717 C.C.C., "cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada".
Consiste en la violación al deber de no dañar o en el incumplimiento de una obligación.
ART. 1716 C.C.C., Deber de Reparar. "La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código".
2. Factor de atribución: es la razón o fundamento para adjudicar el deber de afrontar el daño.
ART. 1721 C.C.C.: "La atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En consecuencia de normativa, el factor de atribución es la culpa".
3. Daño: consiste en la lesión a un derecho o a un interés lícito.
ART. 1737 C.C.C.: "Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un Derecho de incidencia colectiva". (ARTS. 1737 Y Subsiguientes C.C.C.)
4. La relación causal: se vincula al hecho con el resultado.
ART. 1726 C.C.C.: "Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediata y las mediatas previsibles".
Funciones de la Responsabilidad Civil
La responsabilidad civil es bipartita, porque por un lado vamos a prevenir y, por el otro, vamos a reparar.
Dos etapas del daño
Actuar para impedir su producción, continua o agravamiento, estableciéndose un deber general de hacer, (realización de una acción "x" para evitar generarlo); o una abstención (omitir la ejecución de una conducta potencialmente lesiva).entendiendo que acaecido el hecho se presenta la clásica acción resarcitoria que, cuantitativamente es la mas común.
Las dos funciones de la responsabilidad tienen igual jerarquía normativa, aunque por su naturaleza, la reparatoria es la de aplicación más usual.
Si el bien protegido es el patrimonio, ya que cuando se trata de bienes que tienen un precio en dinero, el resarcimiento va a ser el mecanismo fundamental. En cambio, cuando lo que se tutela es la persona humana, es más eficaz la función preventiva, por ejemplo: cuando evitamos ataques a la intimidad (ARTS. 52 Y 53 C.C.C.)
Cuando se afectan derechos de los consumidores se puede imponer el cese de la publicidad ilícita por abusiva, discriminatoria, falsa perjudicial para el consumidor y la publicación de anuncios rectificatorios (ART. 1102 C.C.C.) o de la sentencia (ART. 1771 C.C.C.).
ART. 1102 C.C.C.: "Los consumidores afectados o quienes resulten legalmente legitimados pueden solicitar al juez: la cesación de la publicidad ilícita, la publicación, a cargo del demandado, de anuncios rectificatorios y, en su caso, de la sentencia condenatoria."
ART. 1771 C.C.C.: "En los daños causados por una acusación calumniosa sólo se responde por dolo o culpa grave.
El denunciante o querellante responde por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querella si se prueba que no tenía razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado."
En el ámbito contractual, la tutela preventiva permite a una parte suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra parte sufrió o ha sufrido un menoscabo significativo en su actitud de cumplir en su solvencia y hasta que la otra parte cumpla o de los seguridades suficientes de que el cumplimiento será realizado (ART. 1032 C.C.C.).
En los derechos colectivos (medio ambiente, consumo, competencia) la prevención actúa como incentivo de conducta, tanto en el ciudadano como en la protección de bienes comunes, ya que por ser de todos, no son de nadie en exclusividad (por ejemplo: medio ambiente).
Las funciones de la responsabilidad no son excluyentes: pueden ser Totales o Parciales.
El ART. 1708 C.C.C., incluye la prevención como una función propia de la Responsabilidad Civil, la que se fusiona o añade a la resarcitoria.
Es el soporte a la Responsabilidad Civil en daño.
En el ámbito del derecho de consumo, las funciones son 3:
1. Preventiva.
2. Reparar.
3. Sanciones o daño punitivo.
La Función Preventiva tiende a evitar perjuicios probables o previsibles y también a la sanción de aquéllos agentes que actúen con conductas cuya gravedad requiera una reacción adicional.
Debemos decir que el resarcimiento del daño (volver las cosas a su estado anterior de producido el mismo) resulta de cumplimiento imposible.
La función preventiva tiene que ver con la Incidencia Colectiva: surge con claridad que la prevención es prioritaria, importante y procede la reparación, sobre todo, cuando hablamos de bienes que no se pueden recomponer fácilmente, se habla de "tragedia de bienes comunes", en donde los cuidados son mínimos y, es por eso que permite imponer multas y daño punitivo.
ART. 1710 C.C.C.: "Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de:
a) Evitar causar un daño no justificado;
b) Adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa;
c) no agravar el daño, si ya se produjo.
El ART. 1710 C.C.C., consagra el deber general de actuar para evitar causar un daño sobre las personas o cosas un daño no justificado. Por ejemplo: Estado de necesidad (excepción). Se deben adaptar las conductas positivas o abstenciones tendientes a impedir, ya sea su producción o agravamiento. Las conductas deben ser tendientes a producir o agravar el daño en la medida en cuanto de ella dependa. Se basa en dos parámetros: uno es la buena fe y el otro la razonabilidad.
El Inc. A) es el que sienta la regla y, el B) es el que nos proporciona las pautas para su evolución, teniendo en cuenta que existe un derecho general de no actuar y que únicamente cuando se configure un abuso de ese derecho, éste se relaciona con la buena fe y la razonabilidad.
En cuanto al "Deber de evitar el daño no justificado", el deber hoy por hoy es jurídico, tiene implicancia jurídica en este nuevo Código, sobre todo en el ámbito de prevención de aquéllas sanciones preventivas que se contemplan, es un refuerzo a las acciones preventivas porque supone un deber positivo de actuar para prevenir que ocurra el daño.
Buena Fe: es el deber de adoptar las mediad para evitar el daño. Existe una superposición entre los Incs. A) y B), ya que el A) nos dice "evitar el daño" y, el B) "Adoptar medidas razonables", pero no se advierte la diferencia entre ambos, porque para evitar el daño debo adoptar medidas razonables. Se evita un daño a través de las medidas razonables ya que es la única forma de hacerlo.
¿Cómo entender esta superposición?
Inc. A): está dirigido a quien tiene todo el dominio del hecho que causa el daño, quien es el autor, el que tiene en sus manos la posibilidad de evitarlo.
Inc. B): No causa el daño pero puede adoptar medidas para evitar que ese daño se incremente, es un deber jurídico que se impone a los terceros, siempre y cuando este alcance de poder hacerlo. Esta segunda parte de este inciso permite a los terceros a que adopten medidas razonables para evitar o disminuir el daño y pueda cobrarlo del culpable de la conducta. El tercero puede reclamar al que cometió el daño.
El Código en este inciso no menciona que el tercero también tiene acción con el beneficiado (víctima del daño), cuando realiza gastos que lo disminuyen y, en ese caso, podría accionar y reclamar como una gestión de negocios.
Inc. C): el deber de mitigar el daño es el deber que tiene la victima de no agravar el daño. Si bien no lo ha causado es contrario a la buena fe que pretenda cobrar los daños que podría haber evitado. Si bien es cierto que quien pone a la víctima en esa situación es el victimario, la buena fe le impone actuar para que su situación no se agrave.
Acción Preventiva (ART. 1711 C.C.C.)
La acción de prevención del daño tiene un requisito básico y, este requisito previo es la acción u omisión antijurídica.
El requisito para poder pedir la protección de la prevención es que se trate de una acción u omisión antijurídica. No requiere un momento previo a la Antijuricidad, es la conducta para indemnizar sino que basta con que esa conducta haya causado un daño para que esa antijuridicidad. Debemos interpretar, en principio, que todo daño es injusto si no está justificado.
En materia de prevención es todo lo contrario, mientras una persona no cause un daño, la regla es la libertad de actuar por lo que solo puede restringirse si se invoca la transgresión normativa, es por otro lado la única forma de justificar la actuación preventiva frente a un acto omisivo, es decir, solo puede ser antijurídica una omisión si existe un deber de actuación impuesto por la ley, por Tratados, por Jurisprudencia, en ese caso se puede plantear a acción preventiva.
Peligro de daño: es otro requisito. No solo debe existir Antijuricidad sino que también de existir y demostrarse que la acción u omisión hace previsible un daño y esto se evalúa teniendo en cuenta lo que es previsible para un hombre medio, teniendo en cuenta las circunstancias particulares.
Acción de cese y de continuación del daño: la norma permite interponer la acción preventiva para impedir la continuación del daño, es una acción de cesación que tendrá lugar en todos aquéllos casos en los cuales el daño ya se ha producido, pero la conducta es continuada y por eso el cese. Por ejemplo: el acto de discriminación, acto de contaminación, acto violatorio de la intimidad, acto de perturbación a los vecinos respecto a la tolerancia.
Este tipo de acciones son imprescriptibles e independientes de las acciones indemnizatorias porque suponen conductas continuadas, la acción de cese del agravamiento. Decimos que la acción de cese del daño está comprendida en las acciones de cese de continuación o agravamiento, pero pueden existir casos donde el daño ya se haya producido y ese daño sea irreversible o que no sea una conducta continuada, el caso que prevé esta norma es el daño ya producido por un hecho único pero que puede llegar a  ser peor, sino estuviese prevista la posibilidad de iniciar la acción de cese y agravamiento la victima tendría que plantear la acción indemnizatoria.
Ningún factor de atribución: no se exige al peticionante demostrar que la posibilidad de sufrir un daño sea imputable por culpa o por riesgo; la antijuridicidad es lo único que requiere que sea probado y como es un acto puede ser antijurídico sin que sea imputable, es innecesario, es factor de atribución.
Legitimación (ART. 1712 C.C.C.)
El ART. 1712 C.C.C., establece que "están legitimados para reclamar quienes acreditan un interés razonable en la prevención del daño."
La ley no dice nada para no quitarle la posibilidad a nadie, la única pauta que exige es un interés razonable en la prevención. La ley no restringe el tipo de daño sobre el cual se puede pedir esta Acción Preventiva. Podría recaer sobre daños de incidencia colectiva, por ejemplo.
También podría estar legitimada la victima afectada por un daño personal, abarcando el daño directo y el indirecto. Por ejemplo: se produce un daño sobre el hijo menor (directo), pero recae el daño indirecto sobre os padres.
Están legitimados para interponer la acción preventiva las personas que están obligados a producir el daño (poder de policía) cuando necesitan el auxilio de la policía para actuar.
La jurisprudencia sostiene que se mantiene la legitimidad de los ciudadanos y asociaciones que persiguen mediante la promoción de una acción de amparo, evitando la destrucción o alteración de su hábitat.
Artículo 1713. Sentencia. La sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer, según corresponda; debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad.
Hay dos tipos de acciones preventivas: la primera ya existe en nuestro derecho y se visualiza mediante la medida cautelar, la cual requerirá de un proceso principal del cual será accesoria, y la segunda se trata de la acción preventiva autónoma, la cual no necesita de un proceso principal y que se agota en su propio dictado, este tipo de sentencias ya existían y se habían reconocido en la jurisprudencia como "Medidas autosatisfactivas".
Características de una sentencia (acción preventiva)
•   Se otorgan fuertes poderes al Juez para poder fijar una acción preventiva. Obliga a las partes aunque no hayan sido solicitadas, para prevenir el daño o que se agrave.
•   Debido a que pueden estar en juego derechos de incidencia colectiva y ya que Principio de no dañar a otro (ART. 19 C.N.) que es una prohibición general de no dañar a terceros o a otros.
•   Las medidas de prevención, por regla, van a ser provisorias aunque la ley permite que se apliquen con carácter definitivo. Aunque en la mayoría de los casos son definitivos. Por ejemplo: si se trata de materiales que pueden caer de una obra en construcción, subsistirá la medida mientras exista la posibilidad de que las cosas caigan sobre terrenos linderos.
•   Cualquier tipo de obligación que prevenga el daño puede ser objeto de una sentencia.
•   El Juez puede restringir y limitar la libertad de actuación al responsable del daño lo menos posible.


La Responsabilidad se configura por la existencia de un hecho positivo o de una omisión, que causan un daño a otro. La excepción está constituida por aquellos casos en los que existe un permiso para cometer un daño, es decir, cuando hay causas de justificación, las que se encuentran contempladas por el ART. 1718 C.C.C., el cual dice que "Está justificado el hecho que causa un daño:
a) en ejercicio regular de un derecho;
 b) en legítima defensa propia o de terceros, por un medio racionalmente proporcionado, frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada; el tercero que no fue agresor ilegítimo y sufre daños como consecuencia de un hecho realizado en legítima defensa tiene derecho a obtener una reparación plena;
c) para evitar un mal, actual o inminente, de otro modo inevitable, que amenaza al agente o a un tercero, si el peligro no se origina en un hecho suyo; el hecho se halla justificado únicamente si el mal que se evita es mayor que el que se causa. En este caso, el damnificado tiene derecho a ser indemnizado en la medida en que el juez lo considere equitativo."
La Antijuricidad, como elemento de la responsabilidad civil, es un principio cardinal (importante, principal), es aquel que prohíbe dañar al otro. Es antijurídico todo hecho que daña salvo que exista una causa de justificación y sin que exista expresamente una prohibición legal en cada caso.
El ART. 1717 C.C.C., dice que "Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada." El fundamento de la Antijuricidad opera en torno a la existencia del deber de no dañar. En el Código de Vélez, el deber se imponía en ciertos artículos destacados de la responsabilidad civil, como por ejemplo el artículo 1109 (hecho propio) o el 1113 (Responsabilidad por el hecho ajeno).
La Corte Suprema de Justicia ha sostenido y fundamentado este principio general de no dañar, expresando que el mismo tiene rango constitucional, contemplado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, cuando hace alusión a la prohibición de perjuicios hacia terceros.
En el Código Civil y Comercial, el deber de no dañar se encuentra contemplado en los ARTS. 1710, INC.A; 1716 Y 1749.
"Artículo 1710. Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de:
a) evitar causar un daño no justificado;
b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa;
c) no agravar el daño, si ya se produjo."
En el caso del ART. 1710 C.C.C., la referencia al daño no justificado debe entenderse en el sentido de que el hecho que daña no debe estar expresamente permitido por la ley, no debe mediar una causa de justificación.
El Inc. A, habla del ejercicio regular del derecho. Destaca o funciona como causa de justificación de los daños que produce o pudieran resultar de él. Como en el caso de los sufridos por el Deudor cuando el Acreedor a través del embargo llega al remate de los bienes o cuando un comerciante como consecuencia de que otro compite con otro comerciante pone un negocio igual que compite con él, salvo que quien pone el negocio haga abuso del Derecho y no configure un daño, por lo cual se puede pedir indemnización.
El límite es el ejercicio abusivo del Derecho (ART. 10 C.C.C.), no juega la causa de justificación pero el hecho dañoso se torna antijurídico si, en este caso, el comerciante hace competencia desleal.
Los daños causados por la legítima defensa, tanto propia como de terceros, la va determinando la existencia de una agresión: ilícita, actual, inminente.
La ausencia de provocación de parte de quien se defiende o del tercero.
El empleo de un medio racionalmente empleado.
La legítima defensa, al final del artículo, en el tema de repeler la agresión en el caso de que una persona hiera a otra que pasa por ahí, la legítima defensa justifica, en este caso, a quien es agresor y no al tercero.
Es por ello que el Inc. C in fine, aclara que el tercero que no fue agresor y sufre un daño por un hecho realizado en legítima defensa, tiene derecho a obtener una reparación plena.
Estado de necesidad
Se distingue de la legítima defensa por cuanto el perjudicado es ajeno al hecho. Se configura cuando una persona causa un daño para evitar otro daño mayor, actual o inminente al que no ha sido extraño y que amenaza a la gente o a un tercero.
No se da cuando hay un Estado de necesidad incumpliente. No rige si ambos daños son iguales en su entidad.
El "Domini" tiene derecho a ser indemnizado en la medida en que el Juez lo considere equitativo.
Es un acto de responsabilidad por acto licito que se debe indemnizar, aunque el daño este autorizado por la ley.
Cuando el beneficio por el daño causado a un tercero, éste deberá la indemnización en la medida del enriquecimiento.
Antijuridicidad
Es antijurídica cualquier acción u omisión que cause un daño. Para que se configure basta con que viole el deber general de no dañar al otro.
A diferencia del derecho penal, la ilicitud civil es atípica porque no es necesario que la ley describa en cada uno de los casos la conducta prohibida, sin embargo, hay una excepción que está dada por la Responsabilidad contractual, dado que el daño resultará necesariamente de una obligación preexistente, que va a requerir de una conducta que el Deudor está obligado a ejecutar.
La Antijuricidad es independiente de los otros factores. Un ilícito es un hecho ejecutado con culpa o con dolo, como que una cosa riesgosa lo sea y cause un daño, así como también el cumplimiento de una obligación de resultado.
También es antijurídico el acto involuntario que cause un daño, dado que le infringe el deber de no dañar, aunque se le va a determinar la indemnización por equidad.
Para ser antijurídico, en los términos del ART. 1717 C.C.C., debe infringir un deber general de no dañar o provocar un daño como consecuencia del incumplimiento de una obligación.
El ART. 1717 C.C.C., dice que todo hecho u omisión que causa un daño es antijurídico, la excepción a este principio es el permiso para dañar. En tales casos, el hecho u acción son lícitos y no antijurídicos sin perjuicio de que en algún caso, como suceda con el estado de necesidad, se da lugar al pago de una indemnización, denominada Responsabilidad por acto lícito.
El ART. 1718 C.C.C., destaca el ejercicio de la acción regular de un derecho, de la legítima defensa, del Estado de necesidad y del Consentimiento del damnificado, que lo resalta el ART. 1720 C.C.C.
Se señala que las cláusulas de justificación son "Numerus Clausus" (Número ilimitado): el Código se ha limitado a enumerar los más importantes, pero los Jueces están posibilitados a valorar a otros no contemplados en este artículo.
En algunas partes el Código Civil y Comercial encontramos que autorizan a causar daños, por ejemplo, en el ART. 1977, "Instalaciones provisorias y paso de personas  que trabajan en una obra Si es indispensable poner andamios u otras instalaciones provisorias en el inmueble lindero, o dejar pasar a las personas que trabajan en la obra, el dueño del inmueble no puede impedirlo, pero quien construye la obra debe reparar los daños causados." O el ART. 1982 "Árboles, arbustos u otras plantas El dueño de un inmueble no puede tener árboles, arbustos u otras plantas que causan molestias que exceden de la normal tolerancia. En tal caso, el dueño afectado puede exigir que sean retirados, a menos que el corte de ramas sea suficiente para evitar las molestias. Si las raíces penetran en su inmueble, el propietario puede cortarlas por sí mismo."
ART. 1719 C.C.C. "Asunción de riesgos. La exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad a menos que, por las circunstancias del caso, ella pueda calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo causal. Quien voluntariamente se expone a una situación de peligro para salvar la persona o los bienes de otro tiene derecho, en caso de resultar dañado, a ser indemnizado por quien creó la situación de peligro, o por el beneficiado por el acto de abnegación. En este último caso, la reparación procede únicamente en la medida del enriquecimiento por él obtenido."
Una persona se expone voluntariamente a una situación de peligro, por ejemplo, haciendo dedo en la ruta (transporte benévolo); cuando subo a un Carting de carrera, etc., habría exclusión de responsabilidad civil. No es lo mismo exponerse a un riesgo que aceptarlo porque no sabemos que la naturaleza humana es reacia al sufrimiento, por lo que mal podría ser aceptado tácitamente sufrir un daño. Una cosa es el peligro y otra el daño, si bien hay proximidad, no es lo mismo.